El conflicto entre productores rurales de Córdoba y el Gobierno de San Luis llega a los Tribunales ya que se han presentado un recurso de amparo y pedido de inconstitucionalidad contra los bloqueos al tránsito de la provincia vecina.
Estas acciones legales fueron iniciadas por las sociedades rurales de Río Cuarto y de Vicuña Mackenna, la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero N° 158, en el juzgado federal de Río Cuarto.
Se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de las medidas de San Luis que obstaculizan el libre tránsito entre ambas provincias.
En la presentación, patrocinada por los abogados Antonio María Hernández y Javier Quiroga Contreras, las entidades piden al juez que “disponga una medida cautelar innovativa” en la que le ordene al gobernador de San Luis, Alberto Rodrígez Saá “la inmediata apertura de la Ruta provincial 30, de los caminos vecinales y de la Ruta nacional 8”, reclaman.
Según el argumento de la presentación, el bloqueo de los caminos “lesiona con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta los derechos constitucionales de entrar, permanecer y transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar y profesar libremente el culto”, sostienen.
"La emergencia no está por encima de la Constitución ni la suspende. La restricción de derechos debe ser razonable para no destruirlos. Esa es la esencia de nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho. Y eso debe ser garantizado por los Jueces de la Nación", enfatiza la denuncia.
En otro párrafo, el documento denuncia que el Gobierno de San Luis “realizó zanjas de más de un metro de profundidad, a modo de cortinas de hierro en el límite provincial, con el fin de impedir el paso de personas por cualquier medio a través del interior de los establecimientos rurales situados entre ambas provincias. Actualmente personas desesperadas cruzan como pueden, incluso por el interior de los propios campos a pie, en bicicleta, a caballo, dejando sus vehículos en el límite, por medio de caminos improvisados que cabe destacar son absolutamente inseguros, riesgosos y costosos por la cantidad de kilómetros que en muchos casos tienen que recorrer para llegar a sus destinos”, alertan los demandantes.
