El juez de garantías Fabio Monti resolvió abrir la investigación judicial contra tres funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia y otras cinco personas vinculadas con empresas constructoras que se hicieron de dinero mediante la reparación de 24 escuelas con sobreprecios. Consideraron que los trabajos a realizar y licitaciones fueron simuladas para luego repartirse los dividendos.
Las maniobras de fraude al Estado en establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión tiene a la exministra y diputada electa, Graciela Palmira Cigudosa como una de las principales imputadas entre los ocho acusados. De acuerdo con la investigación habrían inventado concursos con sobreprecios y dispusieron de partidas escolares para cobrar 1.400.000 de pesos en total.
El fiscal Omar Rodríguez, al terminar la audiencia de este viernes, explicó que "se les imputa haber realizado actos infieles para lograr un lucro indebido. Consistió en haber pergeñado concursos falsos para quedarse con obras de refacción de 24 escuelas de Rawson y Playa Unión, y al mismo tiempo se investiga presuntos sobreprecios que hacían más rentable la maniobra".
"Estamos hablando del 50% del monto total, o sea que obligaron al Estado por la misma suma. Quiere decir que hay personas, ahora imputadas, que eventualmente tenían la pretensión de cobrar otro idéntico monto", remarcó el fiscal. Además informó que están investigando casos similares ocurridos en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel, ya que el procedimiento se realizó en diferentes jurisdicciones.
"La complejidad de la causa está dada no sólo porque tiene varios imputados, sino precisamente por la cantidad de escuelas en las que habrá que hacer relevamientos", argumentó Rodríguez. Los imputados usaban partidas escolares que bajaban a los directores, "esta mecánica se utiliza habitualmente para la copa de leche o la compra de insumos menores, pero la elección de los proveedores y la compra siempre a cargo de los directores", recalcó el abogado.
Sin embargo, descartó que los directores tengan alguna responsabilidad "no participaron ni de la selección, ni de la contratación del proveedor y además corroboramos que los cheques fueron a parar a la misma persona", destacó el fiscal.
En este aspecto apuntó contra el empresario, Daniel Smith, detenido por arrojar documentación a un inodoro en un allanamiento en abril pasado. "Eran concursos armados, pergeñados por la parte privada que encabezaba Smith y hacían creer que competían de manera transparente. Cuando cobraban los cheques, se lo endosaban a Smith. Así se comprueba la maniobra", aseguró. Según publicó Radio 3.
