Gran parte de las pensiones por invalidez en Misiones fueron otorgadas a hijos de madres tareferas o que trabajan con agrotóxicos, según la delegación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los 71.555 discapacitados misioneros que cobran pensiones no contributivas deberán revalidar su derecho mediante una certificación digital, informó la funcionaria local Natalia Ruez.
"En muchos casos son patologías crónicas o en cadena: nos llegan cerca de 30 expedientes firmados por el mismo médico y la misma patología", explicó Ruez en declaraciones a Radio República. Con el 5,8 % de pensionados por invalidez sobre su población, Misiones ocupa el cuarto lugar detrás de Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Ruez explicó que, desde 2016, fueron dadas de baja 365 pensiones por invalidez. Pero no todas por irregularidades, sino que se registraron fallecimientos de los titulares o personas con edad para cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PAUM).
Aunque dijo no contar con estadísticas precisas, Ruez señaló que "gran parte de los casos (de invalidez) son de nacimiento, del Norte de la provincia, en especial de la Zona del Alto Paraná muchos casos, o de madres tareferas, que trabajan con agrotóxicos. Es habitual que perjudique la salud de la madre gestante y del niño por nacer".
La funcionaria estimó que habrá más transparencia con el nuevo Formulario Certificado Médico Oficial (CMO) dentro del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La agencia de control fue creada por el gobierno de Mauricio Macri. Las pensiones no contributivas pasaron de unas 150 mil en 2006 a 1.050.000 en 2015.
Ruez confirmó que ya se realizan cruces de datos de los beneficiarios, entre la información que maneja ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social) y la de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Con el nuevo sistema, el médico ingresará a la plataforma de la Agencia de Discapacidad con su CUIL, clave fiscal y su matrícula. Incluirá los datos del paciente que irán al centro de salud correspondiente.
El trámite no requerirá más el uso de papeles, agregó Ruez, solucionando el problema de 180.000 expedientes que "están varados en cajas o, en algunos casos ilegibles". Los beneficiarios perciben $6.516, y a partir de marzo pasarán a cobrar $7.287.
