Bajo el acecho del presidente Javier Milei y la mirada de todo el país, comenzó a correr la cuenta regresiva para la “ley ómnibus” en la Cámara de Diputados. El oficialismo se encamina a aprobar el proyecto con alrededor de 150 votos en general gracias al apoyo de los bloques “dialoguistas”, aunque aún no hay un consenso cerrado para avanzar con las privatizaciones.
La Libertad Avanza tiene asegurados los apoyos del PRO, la UCR, el grueso de Hacemos Coalición Federal (al mando de Miguel Pichetto), Innovación Federal (otro espacio con terminales en gobernadores) y otros bloques minoritarios. El rechazo es encabezado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista y una cordobesa, Natalia De la Sota.
“Sepa el pueblo argentino que este Gobierno tiene las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado. Sepa el pueblo argentino que su mandato expresado en las urnas ha sido corroborado y correspondido en este Congreso”, enfatizó, enérgico, el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo.
La sesión comenzó a las 10:30 de este miércoles y alrededor de las 21.30 se decidió -mediante votación- pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 12 hs.
Después de la votación en general, seguirá la votación en particular de los artículos que quedaron en pie, después de que cientos de ellos fueran suprimidos al inicio del debate, en una maniobra que el peronismo/kirchnerismo consideró irregular.
“Si hay una palabra que ha dominado el debate parlamentario hasta este momento ha sido el oscurantismo”, advirtió el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, y fue irónico al referirse a los artículos suprimidos: “No sabíamos si se estaban cantando números del bingo o si se enumeraban líneas de colectivos”.
Martínez jugó su carta: pidió que el proyecto volviera a comisiones, pero la moción fue rechazada por el oficialismo y la oposición afín con 149 votos negativos y 103 positivos. La votación fue el preámbulo de lo que podría suceder con el proyecto: los rechazos al pase a comisiones serían los futuros votos a favor de la ley.
La votación se produjo luego de que el secretario Parlamentario de la Cámara, Tomás Figueroa (dueño del departamento de Recoleta donde se acordó la nueva versión del dictamen) leyera los cientos de artículos que serían retirados. Abarcan todo el paquete fiscal (jubilaciones, retenciones, Bienes Personales, moratoria y blanqueo de capitales), pero quedaron afuera muchos puntos más.
Entre ellos figuran la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el régimen de pesca, parte de la regulación de la protesta social (se eliminaron, por ejemplo, las multas para organizadores de las marchas), cambios en la Ley de Bosques, modificaciones al Código Civil y Comercial en materia de contratos, y todo el segmento electoral.
Privatizaciones y el paquete fiscal
La Libertad Avanza no tiene los votos para aprobar la privatización de empresas a libro cerrado. Si bien cuenta con el apoyo del PRO, no resulta suficiente porque el radicalismo y el bloque de Pichetto se niegan a acompañar el dictamen tal como quedó y exigen cambios. Pero hasta el momento, las partes no lograban llegar a una síntesis.
Contrarreloj, en los bloques de De Loredo y Pichetto intentaban acordar una redacción para habilitar las privatizaciones, pero no a libro cerrado. Exigen evaluar caso por caso y que los pliegos estén sujetos a la aprobación del Congreso. Con la versión del oficialismo solo intervendría la comisión bicameral creada con la “Ley Dromi”, integrada por 12 legisladores.
El dictamen que se somete a votación enumera 36 empresas sujetas a privatización total (como Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos y AySA) y otras tres a privatización parcial (Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica).
“El tema tiene que salir de alguna forma que no sea un impedimento (para Milei). Queremos darle al Gobierno herramientas que no sean trabas”, aseguraron en Hacemos Coalición Federal.
Otro tema álgido es el futuro del impuesto PAIS. Se quitó del dictamen el artículo que aclaraba que la vigencia era hasta el 22 de diciembre de este año, y no hay previsiones sobre su continuidad en la “ley ómnibus”. Ahora, Hacemos Coalición Federal intentaría reimplantar el artículo eliminado con la coparticipación del 30% de lo recaudado a las provincias, como piden los gobernadores. El Gobierno quiere patear esa discusión para más adelante.
“Aumentar solamente dos impuestos, que son casualmente los únicos dos que no se coparticipan, es una avivada difícil de dejar pasar”, se fastidió el diputado Nicolás Massot en referencia al impuesto PAIS y a las retenciones. A eso se sumó el retiro del blanqueo, que los gobernadores también reclamaban coparticipar.
Massot, uno de los protagonistas de las negociaciones, adelantó que propondrán volver a incorporar el blanqueo y también la moratoria en la “ley ómnibus”, ya que esos temas no tenían objeciones. Pero la idea no entusiasmó en otros bloques. “Milei ya lo sacó. Estaríamos generando una guerra”, dijeron en el radicalismo.
Por otra parte, el oficialismo acepta recortar aún más las facultades delegadas a Milei, quitando la materia fiscal. De esa manera, quedarían en pie solo seis de las 11 emergencias originales: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Ya habían retirado la sanitaria, la de defensa, la social y la previsional.
A pesar de las concesiones que hizo el Gobierno en este punto, la Coalición Cívica y algunos radicales se disponían a votar en contra de todas las delegaciones, lo que encendió luces de alarma durante la tarde.
