A casi 40 años del retorno de la democracia, Argentina está exponiendo la peor versión de sí misma.
Los servicios de inteligencia que forman parte integrativa del Estado y que han ido variando su denominación en el tiempo: Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Secretaría de Inteligencia (SI) y, desde 2015, Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -por Ley 27.126-, constituyen una organización central que por su razón de ser (institución, agentes y funcionarios) gozan de protección y privilegios.
Desde el retorno de la democracia han desplegado un poder discrecional que, en su desarrollo y desenvolvimiento, parece haber superado las directrices de los gobiernos de turno, constituyendo así un poder inorgánico dentro del propio Estado. Lo inorgánico parece ser la institución y no sus agentes individualmente, más allá de las reformas intentadas.
La clase política, de manera mancomunada, tiene que poner fin a esto. Cristina Fernández de Kirchner prometió y ejecutó una reforma de la AFI en 2015. Sin embargo, muchas de las cosas que están saliendo a la luz son parte de esa nueva AFI que ella misma creó y que también la supo tener como víctima.
Independientemente de quien gobierne, los servicios de inteligencia han realizado muchas de sus tareas como una suerte de control, acumulación de poder y presión, que se ha vuelto en un método de extorsión a la clase política, a los funcionarios y a los personajes importantes del país. Se ha consolidado como un sistema ya establecido, lo que de por sí es un escándalo. La clase política es la principal responsable por haber permitido que esto sucediera.
Sin embargo, lo más repudiable es la naturalización con que la sociedad ha ido tomando la difusión de las escuchas ilegales y la dirigencia nacional su exposición a los carpetazos. Todo ello, motivo de operaciones que tienen a los servicios como red oculta.
Muchos funcionarios han pasado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y han acumulado un enorme poder para, por ejemplo, ser senadores, diputados o ministros. ¿Será por la información que poseen de los demás?
El actual Presidente de la República prometió, en una de sus intervenciones en la Asamblea Legislativa, que durante su mandato los sótanos de la democracia iban a estar limpios. Es paradójico que al final de su gestión los sótanos de la democracia luzcan como un sumidero.
Hoy los servicios de inteligencia son un instrumento ilegal, indebido e inaceptable de cierto ejercicio del poder.
No sólo se trata de seguimientos, espionajes, escuchas y grabaciones. Se han utilizado bases de datos con información privada, delicada y detallada de los espiados. Lamentablemente, el expresidente Mauricio Macri decidió unificar la información pública y la información privada en una sola institución, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Desde allí se maneja toda la información pública del Estado y los datos personales y la información privada de los argentinos.
Los argentinos estamos desprotegidos, en un estado de vulnerabilidad y a merced de la extorsión, a raíz del espionaje y el uso indebido de la información privada.
Argentina se encuentra en un estado de degradación institucional. La información que se obtiene en los allanamientos de este tipo de causas suele encontrar carpetas que incluyen datos sensibles, ubicación de inmuebles, dinero y automóviles. Precisiones que son parte de los datos personales y protegidos de los argentinos.
Algunas de las preguntas que surgen: ¿por qué esto es revelado justamente a poco más de una semana del balotaje? ¿Estamos en medio de operaciones sucias donde también actúan los servicios de inteligencia?
La economía está en el tope de todas las preocupaciones de la sociedad argentina y si bien la corrupción aparece como motivo de inquietud en algunas encuestas, no ha sido un tema de campaña impulsado por los candidatos. Sólo se ha colado, y de forma limitada, frente al devenir de los hechos y las revelaciones.
Así y todo, los argentinos se han vuelto impermeables a los hechos de corrupción. Los escándalos de corrupción de los últimos meses ya no conmueven, porque la sociedad argentina ha naturalizado la corrupción. De hecho, los recientes casos no impactaron a la hora de la votación. Lo que lleva a la reflexión de ¿qué nos está pasando como sociedad?
El espionaje ilegal, las escuchas clandestinas y la intromisión en la vida privada de los argentinos por parte de los servicios de inteligencia del Estado es otra forma condenable de corrupción.
Frente a la corruptela, la extorsión, los carpetazos, la existencia de un sector del Estado espía, oculto y chantajista y del enorme poder de determinados sectores desde las sombras, es indispensable que la sociedad reaccione. Sobre ello, también, deberá definirse el 19 de noviembre.
