Juntos por el Cambio emprendió una ofensiva parlamentaria contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que pesifica la deuda de organismos públicos como la Anses, lo cual afectaría, según la principal oposición, la “caja” de los jubilados y pensionados.
“Está claro que mediante el DNU 164/23 se está consumando un expolio, echando mano a recursos de un Fondo (de Garantía de Sustentabilidad) estructurado para salvaguardar las jubilaciones y pensiones actuales y futuras”, advirtieron los líderes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.
Los legisladores intentarán, por distintas vías, que caiga el decreto con el que el Ministerio de Economía busca contener el salto de los dólares financieros. “El contenido de uno de los DNU consiste en una liquidación masiva, irresponsable e inédita de dineros de los jubilados y pensionados”, denunciaron.
Por eso, exigieron que se reúna con urgencia la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que es la que analiza la validez de los DNU. Esa comisión está paralizada por su presidente, el camporista Marcos Cleri, desde el 30 de junio del año pasado, cuando se reunió para designar autoridades.
De hecho, ya se acumularon 66 decretos firmados por el presidente Alberto Fernández que esperan ser tratados en esa bicameral, según advirtieron los diputados Pablo Tonelli (PRO) y Soledad Carrizo (UCR), que el último viernes le pidieron formalmente a Cleri que convoque a una reunión, antes de que se conociera el último DNU de Massa.
Ahora, Juntos por el Cambio le pidió a Cleri que cite a esa comisión a Massa y al jefe de Gabinete, Agustín Rossi (que asistirá a Diputados el próximo miércoles para brindar su informe de gestión), con el objetivo de que fundamenten ante los legisladores por qué sostienen que los jubilados no perderán con la medida.
La nota fue firmada por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), además de los diputados Tonelli, Carrizo, Hernán Lombardi y Omar De Marchi, que son miembros de la bicameral.
En esa comisión, que tiene 16 integrantes, el Frente de Todos corre con ventaja. Hay un virtual empate de fuerzas (el oficialismo tiene ocho representantes, Juntos por el Cambio siete, y el restante es el jujeño Guillermo Snopek, que acaba de romper con el kirchnerismo y podría votar con la oposición). Por eso, el desempate está en manos del presidente, el camporista Cleri.
Una vez que el DNU sea enviado al Congreso, la bicameral tiene diez días hábiles para dictaminar (plazo que no suele cumplirse). Aun si el oficialismo obtuviera el dictamen de mayoría a favor, la prueba final será en los recintos de Diputados y Senado, donde Juntos por el Cambio aspira a voltear el decreto.
En el Senado será clave el rol del nuevo bloque peronista, Unidad Federal, que encabeza Snopek. Con el aporte de esos cinco senadores, Juntos por el Cambio llegaría a 38 adhesiones, una más que las necesarias para rechazar el DNU.
En Diputados, en tanto, podría ser más costoso, porque Juntos por el Cambio debe reunir 13 votos extra. Hasta ahora, el Frente de Izquierda (que tiene cuatro) también se pronunció en contra y anunció que pedirá la interpelación de Massa.
“Plantearemos la interpelación a Massa para que explique la operación de descapitalización masiva que afecta a millones de jubilados saqueando los fondos de la Anses que son pesificados, al tiempo que ofrece bonos en dólares a precio de remate al capital privado, privatizando deuda externa con vencimiento en los próximos dos años”, anticipó Romina Del Plá (Partido Obrero).
Si bien para voltear los DNU se necesita el rechazo de ambas cámaras, para ratificarlos solo se requiere el aval de una de ellas. Y si no se llegaran a votar en ninguno de los dos recintos, también siguen vigentes con fuerza de ley.
Por eso, una alternativa que evalúa Juntos por el Cambio ante la posibilidad de un bloqueo en la bicameral es presentar proyectos de derogación, que seguirían el trámite normal de una ley. “No hay nada que le impida al Parlamento sancionar una ley, en este caso para hacer caer la normativa impuesta vía DNU”, explicaron.
Paralelamente, Juntos por el Cambio le solicitó a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que active otra bicameral, la de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que se reunió por última vez en noviembre de 2018, bajo la gestión de Mauricio Macri, y que tiene como función supervisar la gestión de la Anses.
En la nota presentada a Moreau, los diputados pidieron citar también allí a Massa y a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, “para que informe sobre la cuantía del perjuicio que la medida habrá de significar para los fondos de cuya administración es responsable”.
La discusión además promete instalarse en las dos sesiones convocadas para la semana próxima en Diputados. El martes se tratarán cuatro proyectos, entre ellos la creación de nuevos tribunales judiciales en Santa Fe; y el miércoles asistirá Rossi para brindar su primer informe de gestión.
