Tras un silencio de varios días alrededor del tema, la UCR sumó su rechazo a la asignación de $100.000 millones en fondos reservados para la SIDE (Secretaría de Inteligencia) y colocó al DNU 656/24 en zona de máximo peligro. El decreto, que ya acumulaba críticas de Unión por la Patria, una parte de Hacemos Coalición Federal y la izquierda, quedó cerca de convertirse en el primero en la historia en ser volteado por el Congreso.
El bloque de diputados radicales, que preside el cordobés Rodrigo De Loredo, realizó “un fuerte cuestionamiento” al DNU que aumentó el presupuesto de uso secreto para la nueva estructura de inteligencia, que será monitoreada por el asesor presidencial Santiago Caputo. Fue durante una extensa reunión en el quinto piso del Anexo A, donde hubo representación de las distintas líneas internas.
Todos coincidieron en exigir el “urgente tratamiento” no solo del DNU de gastos reservados, sino también el 614/24, que reestructuró el área de inteligencia. “No necesariamente para derogarlo, pero sí para revisarlo, porque podrían hacer inteligencia en cuestiones internas”, aclararon fuentes parlamentarias. Como sea, se encendió una luz roja en el semáforo.
“Por decreto conformaron una nueva SIDE y la primera decisión que tomó el Poder Ejecutivo al respecto fue dotarla de $100.000 millones más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de $15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ‘no hay plata’, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados”, advirtió la UCR en un comunicado.
Asimismo, señaló que “lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos”. Los diputados creen que, si el dinero se utilizará para sostener la nueva SIDE, no tendría por qué ser de uso secreto.
El bloque de De Loredo sostuvo además que es el Congreso el que debe aprobar esa asignación presupuestaria y no el Poder Ejecutivo, “sobre todo teniendo en cuenta que de ninguna manera se da una situación de excepcionalidad como para hacerlo vía DNU”.
Para los legisladores, “todo lo referido a la inteligencia es sumamente sensible para la democracia y por lo tanto requiere de un debate profundo, serio y transparente”, por lo cual “hacer un aumento de semejante magnitud y por la vía de DNU no hace más que sumar incertidumbre y sospechas sobre el uso de los fondos públicos”.
Más temprano, los diputados Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF) y el senador Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal) habían enviado una nota al presidente de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, para que convoque de manera “urgente” a la comisión y someta a tratamiento todos los decretos pendientes.
En la misiva, los legisladores le reclamaron a Pagotto que cumpla con una moción aprobada en febrero para realizar reuniones semanales los jueves. “Solicitamos que convoque con carácter urgente a la comisión, bajo apercibimiento de autoconvocarnos a los efectos de dar tratamiento a los decretos pendientes”, amenazaron.
La nota no contó con firmas de Unión por la Patria, pero operó como una demostración de fuerza: los bloques dialoguistas buscaron mostrarle al oficialismo que están en condiciones de reunir el número para voltear el DNU de la SIDE tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Para poder pedir sesión, deberán pasar 10 días hábiles desde que el DNU ingresa al Congreso sin que reciba tratamiento.
Para que el DNU sea definitivamente volteado, debe ser rechazado en ambas cámaras del Congreso, según dispuso la Ley 26.122 en el año 2006. Desde que esa norma (impulsada por la expresidenta Cristina Kirchner) está vigente, el Parlamento no rechazó ningún decreto de manera plena. El de gastos reservados de la SIDE podría ser el que rompa el maleficio.
El DNU también será el tema principal de otra reunión que mantendrán este miércoles, a partir de las 11, los diputados de Hacemos. “Hay muchas posibilidades de que el DNU caiga en las dos cámaras”, pronosticó a este medio un integrante de la bancada que encabeza Miguel Pichetto, muy alarmado por el uso que el Gobierno podría darle a los fondos reservados.
Desde la bancada se presentó la semana pasada un proyecto para anular el DNU. Lo encabezó Margarita Stolbizer y lo acompañaron Massot, Emilio Monzó, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y los cordobeses Alejandra Torres, Oscar Agost Carreño y Natalia De la Sota.
De esa manera, el oficialismo inaugura la segunda etapa del Gobierno de Milei acorralado entre sus exsocios. “Ya no se pueden llevar puesto al Congreso. Las leyes que a partir de ahora puedan pasar tienen que tener mucho consenso en la sociedad, y el DNU de la SIDE impacta negativamente en la sociedad”, analizó un diputado dialoguista de larga trayectoria.
La pelea la AGN
Por otra parte, entró en etapa de definiciones la cobertura de los tres cargos vacantes por la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que audita al Sector Público Nacional para controlar el uso que se le da a los fondos públicos. Los bloques aceleran las negociaciones para poder votar a los candidatos en la sesión del próximo 7 de agosto.
Unión por la Patria (que reclamaba dos lugares pero se quedaría con uno) había pedido tiempo para proponer un nombre que, hasta ahora, no está definido. Las opciones son el massista Guillermo Michel, exdirector de Aduanas, y al camporista Juan Ignacio Forlón, actual auditor que podría ser reelecto.
Por su parte, el exdiputado Mario Negri viajó este martes a Buenos Aires en busca de sellar la adhesión del bloque radical para convertirse en el candidato de la UCR. Pese a la resistencia de De Loredo, su par cordobés se encaminaba a ratificar los apoyos que había conseguido a principios de mes, cuando 22 de los 34 radicales firmaron una nota de respaldo. Negri también dialogó con diputados de Hacemos para sumar adeptos.
El tercer lugar sería para el exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca, en acuerdo con La Libertad Avanza.
