El Gobierno convocó este viernes a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto y a las elecciones generales del 22 de octubre. En esas fechas se votará presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales. Pero además se elegirán 43 cargos consultivos para el Mercosur por un costo que podría alcanzar los 5.000 millones de pesos.
Se trata de los legisladores del Parlasur, el órgano deliberativo del bloque regional, que realiza recomendaciones a los países miembro, pero no tiene facultades para legislar. De los 43 cargos totales a repartir, 19 son por distrito nacional y se suma uno por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Según la Ley 27.120, sancionada en Argentina en 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner, esa elección debe realizarse de manera directa. Pero en la oposición sostienen que, como el tema está judicializado, el Gobierno no tenía la obligación de convocar a estos comicios.
“Es un delirio descomunal”, advirtió la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien en la última sesión de la Cámara baja intentó (sin éxito) que se aprobara un proyecto suyo para suspender esta elección. “Con un 42% de los ciudadanos por debajo de la línea de pobreza, Argentina no puede darse el lujo de gastar en convocar a esta elección”, consideró.
Tomando como base datos de 2021 (ya que todavía no se conoce el presupuesto para este año), el costo estimado para esta votación es de 3.000 millones de pesos, entre aportes de campaña para las dos categorías (nacional y regional) y la impresión de boletas que van adosadas a cada lista que se presenta.
Pero la información que llegó de manera extraoficial a los partidos políticos, tras una reunión con la Dirección Nacional Electoral (DINE), es que el gasto actualizado sería de 5.000 millones de pesos, según pudo saber este medio.
En la Justicia
Hasta ahora, Argentina solo votó legisladores del Parlasur una vez, en 2015, ya que en 2019 Macri no convocó a votar esa categoría, amparándose en un “protocolo adicional” y una declaración conjunta firmada ese año en el Mercosur en la que se suspendió la elección hasta que se corrigiera la asimetría generada entre los Estados.
El kirchnerismo llevó a los tribunales la decisión de Macri. En primera instancia, la jueza con competencia electoral María Servini le dio la razón al Ejecutivo Nacional, pero la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió un fallo en contrario y el gobierno de ese momento recurrió a la Corte Suprema, que ahora debe resolver.
Ahora, el gobierno de Alberto Fernández se aferró a la decisión de la CNE para convocar a la elección directa. Pero para Lospennato, “el recurso extraordinario suspende los efectos del fallo de la Cámara. Por ende, hoy lo que está vigente es la decisión de primera instancia. El Gobierno no está obligado por ninguna norma a convocar a la elección directa”.
La diputada cree que, frente al enorme grado de judicialización en el que cayó el tema, “la forma más prolija de resolver esto es que el Congreso suspenda por ley la elección directa y así le ahorre a la Argentina todo este problema”.
Pero el Gobierno marcha a paso firme y este año se dará la particularidad de que solo Argentina votará de manera directa a sus representantes del Parlasur. Paraguay (que también había votado solo una vez) derogó su ley con la declaración de 2019, y Uruguay y Brasil jamás realizaron esta elección.
Dietas y fueros
Los parlamentarios del Mercosur actualmente no cobran dieta, pero hay un expediente en carpeta de la Corte Suprema que, si se resuelve a favor, obligará al Estado argentino a afrontar el pago.
Cuando asumió la gestión de Macri, se negó a pagar (consideró que debía hacerlo el Parlasur) y un legislador del Frente para la Victoria, Alejandro Karlén, recurrió a la Justicia reclamando un sueldo equivalente a la dieta de un diputado nacional, que hoy es de 685.715 pesos netos (sin ítems extra).
En primera instancia, la demanda recibió un fallo desfavorable, pero luego la CNE avaló el reclamo. El gobierno macrista recurrió a la Corte y el fallo final está pendiente.
Lo que sí determinó la Corte es que los parlamentarios del Mercosur no tienen fueros. Lo dijo en 2017 ante un planteo de la dirigente Milagro Sala, electa en 2015 para el Parlasur. En ese fallo, el máximo tribunal declaró inconstitucional el artículo 16 de la ley 27.120.
