El apoyo retaceado de gobernadores peronistas y de otros mandatarios aliados de la Casa Rosada al pedido de juicio político a la Corte agiganta el interrogante instalado desde que el Presidente Alberto Fernández anunció la decisión de ir por el enjuiciamiento: ¿existe en el Frente de Todos la mayoría especial necesaria en Diputados para acusar a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Cuando la semana pasada Fernández calificó de “imposible cumplimiento” al fallo de la Corte a favor de la cautelar del Gobierno porteño en reclamo de fondos coparticipables, 14 provincias se alinearon con el Gobierno nacional. A las horas se sumaron Gustavo Sáenz (Salta y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), gobernadores con armados políticos aliados. El Gobierno se fortaleció más cuando se agregaron Arabela Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), mandatarios de dos provincias ajenas al universo oficialista.
De aquellas 18 provincias encolumnadas tras la movida de corte federal, quedaron 11 a la hora de promover el juicio político.
San Luis, Salta, San Juan, Misiones, Río Negro y Neuquén se bajaron el martes, cuando Alberto Fernández logró reunir solo 12 gobernadores para conversar sobre el juicio político anunciado el domingo 1° de enero en una carta pública. Gustavo Bordet (Entre Ríos), que participó unos minutos por zoom de la reunión, tomó distancia del juicio político. Así quedaron solo 11 gobernadores.
Bordet quedó asociado a la posición independiente de la Casa Rosada de los otros dos gobernadores de la llamada “Zona Núcleo”, Los también peronistas, Omar Perotti y Juan Schiaretti. El gobernador de Santa Fe leyó el texto y no lo firmó.
Dudas en Diputados
Este miércoles, Alberto Fernández se reunió en Olivos con el jefe del bloque de diputados Germán Martínez y con Carolina Gaillard, la diputada que preside la Comisión de Juicio Político, el primer casillero del proceso. Allí les entregó el texto por el cual se pide juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Ahora resta que Fernández convoque a Extraordinarias.
Ya hubo alivio al saberse que, a pesar del portazo de Bordet, Gaillard jugará a fondo con el juicio político. La diputada dijo que las conversaciones filtradas entre un hombre de confianza de Rosatti y el ministro porteño, Marcelo D’Alessandro, “fue la gota que rebalsó el vaso”. “Ilustra algo que todos sospechábamos, que era la connivencia entre el Poder Judicial y sectores de la política”, dijo.
Otro entrerriano, Marcelo Casaretto, también confirmó que votará a favor. Sin confrontar con Bordet, dijo que “cada uno tiene su ámbito de representación”. “El Presidente tiene su responsabilidad, el gobernador la suya, yo como diputado nacional, la mía”, enfatizó.
El pedido de juicio político sacó a la luz la interna peronista en San Juan: el gobernador Sergio Uñac no firmó el pedido, y el diputado José Luis Gioja, exmandatario le dijo que “se dio vuelta como una media”.
Dos de los gobernadores que tampoco adhirieron (Sáenz y Arcioni) son cercanos a Sergio Massa, quien hasta el momento guardó silencio sobre el tema, por lo que también ronda la duda sobre el acompañamiento del Frente Renovador. En la Comisión de Juicio Político hay tres massistas: los bonaerenses Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán y la santafesina Vanesa Massetani. Una versión que circula en Diputados dice que el reglamento habilita a remplazar diputados de la comisión.
También podría haber recambio en el caso de algunos oficialistas que se tomaron vacaciones y que no estarán para el debate. Para el bloque es clave tener asistencia perfecta en la comisión: necesita de sus 16 integrantes para lograr el quórum y para alzarse con el dictamen de mayoría y llevar la discusión al pleno.
Hay dudas sobre cinco diputados de Río Negro, Misiones y Neuquén: los rionegrinos Luis Di Giácomo y Agustín Domingo; los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández, y el neuquino Rolando Figueroa.
