En la segunda jornada de debate de la “ley bases” en el Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, rompió el silencio y defendió la reforma laboral que fue incorporada al proyecto en la Cámara de Diputados. El funcionario aseguró que “las modificaciones que se plantean son mínimas” y que buscan generar “los cimientos” para una modernización más amplia.
Cordero se expresó de esa manera en una nueva reunión de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, donde asistió junto al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
El secretario de Trabajo sostuvo que la reforma laboral tiene dos objetivos: la “generación de empleo, que no crece en el sector formal desde hace muchos años”, y la “seguridad jurídica a los contratos, ya sean autónomos o en relación de dependencia”.
Ante una catarata de críticas por parte de los camporistas Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, el funcionario defendió los puntos más controvertidos del proyecto, como la eliminación de multas por trabajo no registrado. Sobre el tema dijo que “las normas hoy fomentan la informalidad” porque “un trabajador informal, con las multas que están, cobra tres veces la indemnización que un trabajador formal”.
“Lo que se busca es que la denuncia de la informalidad suceda en el momento en que está trabajando, desde el principio; que el trabajador no tenga que romper el contrato para cobrar tres veces la indemnización”, explicó Cordero, pero Sagasti le salió al cruce: “No creo que ningún trabajador pida estar en negro especulando con una doble indemnización”.
Cordero además respaldó que los trabajadores independientes podrán contar con hasta cinco “colaboradores”, bajo una relación autónoma. “La del trabajador autónomo es una figura muy útil y muy sana para generar trabajo”, destacó, y agregó que “la propia Corte tiene dicho que el trabajador autónomo existe, y se deja perfectamente claro (en la ley) que se trata de trabajadores independientes”.
Por último, el secretario de Trabajo apoyó la ampliación del período de prueba a seis meses, que podrá extenderse a ocho meses o hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa. “Lo que pasa hoy es que, fruto de la falta de formación, la persona a los tres meses todavía no aprendió a funcionar o no se adaptó a la realidad del contrato de trabajo”, justificó, y añadió que con la medida “ambas partes pueden prolongar hasta los seis meses un período de conocimiento mutuo”.
Antes, el senador Recalde (hijo del abogado laboralista y actual consejero de la Magistratura Héctor Recalde) fue muy crítico del proyecto. “Siempre se utilizan eufemismos, cuando no títulos cargados de cinismo, para presentar leyes que buscan un objetivo poco confesable”, advirtió.
Para el legislador, “cada vez que hay una reforma laboral de esta naturaleza, el objetivo es maximizar la ganancia de las empresas a costa de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y promover y aumentar el sometimiento, la subordinación; romper el equilibrio que las leyes buscan garantizar en una relación desigual”.
Recalde recordó que “en los ‘90, cuando se implementaron los contratos basura, se bajaron los aportes y se quitaron derechos laborales, el desempleo creció enormemente”, y se preguntó: “¿Por qué ahora habría de pasar algo distinto?”. Además, descartó que se trate de una modernización: “De moderno esto no tiene nada, es repetir viejas reformas, y en algunos casos llevarnos a un sistema de principios de siglo”.
Por su parte, Sagasti alertó que “hay una contradicción: se premia a los evasores de la ley laboral, pero se elimina la moratoria jubilatoria. ¿Por qué estimulamos la evasión de quienes tienen que hacer los aportes y al mismo tiempo, a los que no tienen aportes les sacamos la posibilidad de que se jubilen? La doble vara es tremenda”.
