Ya vetada la Ley de Financiamiento Universitario, pero con decenas de casas de altos estudio en conflicto por y con reclamos al respecto en todo el país, el Gobierno, mediante el Ministerio de Capital Humano, difunció un texto en el que explica por qué el Estado debe cumplir con la auditoría de las universidades.
“El Ministerio de Capital Humano comparte las razones por las que el Estado Nacional debe cumplir con el mandato de financiamiento, supervisión y fiscalización de la Ley 24.521 de Educación Superior”, comienza el texto, titulado “Auditar a las universidades es garantizar la autarquía”.
“La Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156″, sigue.
Y explica: “En este contexto, según el dictamen jurídico compartido por la Sigen con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, al encuadrar el accionar de las Universidades Nacionales en la citada Ley, se buscó garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno, integrado por la Sigen, como órgano rector”.
Aseguran que de esa manera, “no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de Sigen” en el ámbito de las universidades nacionales.
“La Ley de Educación Superior, dictada como consecuencia de la Reforma Constitucional, es la que sometió expresamente el sistema de educación superior a la Ley N° 24.156, norma que faculta a la Sindicatura General de la Nación para examinar en forma sistemática e integral el control interno imperante en los organismos y entes del sector público, sus operaciones y el cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión”, indica el comunicado.
Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello señalan que el control que lleva adelante Sigen es “fundamental para una gestión pública adecuada” ya que “implementa y supervisa el funcionamiento de herramientas que permiten advertir a la autoridad responsable del organismo o ente fiscalizado sobre los riesgos que existen en la organización a su cargo”.
“Consecuentemente, le aportan información que facilita la adopción de acciones correctivas que restablezcan la regularidad y juridicidad del accionar administrativo, colaborando así en el proceso de mejora continua de la actividad estatal”, expresa.
En los últimos párrafos expresan de manera solapada una dura crítica y plantean un escenario de desconfianza: “Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos”.
Y concluyen: “En síntesis, la falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados”.
