En respuesta a los incidentes violentos ocurridos durante la reciente marcha de jubilados, el Gobierno confirmó en las últimas horas una recompensa de $100 millones por datos que permitan identificar y capturar a personas que protagonizaron los disturbios en la zona del Congreso Nacional en medio de la protesta por jubilados que se llevó a cabo el miércoles pasado.
De cuánto es la millonaria recompensa
A través de la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se ofrece una recompensa de diez millones de pesos ($10.000.000) a aquellas personas que, sin haber participado en los hechos delictivos, proporcionen datos útiles, precisos y concretos que permitan la identificación y detención de los responsables de haber promovido la violencia el pasado 12 de marzo de 2025.
El pedido de Bullrich
La decisión de ofrecer esta recompensa se suma a otras acciones tomadas por el Gobierno tras los incidentes, incluyendo la solicitud de allanamiento y detención de 29 personas y la prohibición de su ingreso a las canchas de fútbol.
La resolución, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostiene que durante la manifestación de los jubilados, “grupos organizados y “barras bravas” de diferentes parcialidades futbolísticas” se infiltraron con la excusa de apoyar la protesta, pero su verdadero objetivo era generar disturbios “con fines desestabilizadores” en la zona del Congreso Nacional.
Según la resolución, estos grupos violentos “nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas”. Una vez que llegaron al área del Congreso, “comenzaron a agredir a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.
La postura del Gobierno
Según el Gobierno, la gravedad de los actos de violencia incluyó el incendio de una moto policial y un patrullero, así como daños a bienes públicos, entre los que se cuentan nueve vehículos, y lesiones a más de una docena de efectivos policiales.
La ministra Bullrich remarcó en la resolución que estos grupos ejercieron “actos de violencia de extrema gravedad, de forma premeditada y organizada”, ya que “arribaron a la zona del Palacio del Congreso de la Nación munidos de instrumentos contundentes, armas blancas, armas de fuego, clavos de tipo “miguelito”, elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, a causar daños y a lesionar”.
Tras detallar el tipo de armamento utilizado contra las fuerzas de seguridad, se reafirmó que la movilización estuvo organizada con el fin de “impedir el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional, según lo tipificado en el artículo 226 del Código Penal de la Nación”.
Bajo este marco legal, el Gobierno considera que la actuación de los barras bravas constituyó una “reunión de personas armadas” que, “bajo el pretexto de atribuirse derechos del pueblo y peticionar en su nombre, buscó impedir que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales ejercieran sus funciones, en concordancia con los artículos 229 y 230 del Código Penal”.
Ante la seriedad de los hechos, la resolución subraya la “gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional” del caso, con un impacto directo en la seguridad nacional. Por ello, se considera de “vital importancia para el Poder Ejecutivo garantizar el orden público y estabilidad institucional” identificando a los autores de estos delitos.
Dónde aportar datos
Las personas que posean información relevante podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los poderes judiciales y los ministerios públicos.
