Tras la apertura de sesiones a cargo del presidente Javier Milei, el Congreso aguarda la cumbre que se celebrará este viernes en Casa Rosada con los gobernadores para empezar a discutir el paquete legislativo que impulsa el Gobierno, centrado en la nueva versión de la “ley ómnibus”, que incluirá el paquete fiscal y la reinstalación del impuesto a las Ganancias.
La hoja de ruta del oficialismo en el Parlamento depende del acuerdo que pueda alcanzarse con los mandatarios provinciales, que son los que garantizan los votos. Todos fueron convocados a un encuentro con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos, para empezar a allanar el camino hacia la firma del Pacto de Mayo.
La condición que puso el Gobierno para sellar ese documento, que consta de diez puntos ya redactados, es que el Congreso apruebe la denominada “ley bases” que fracasó en las sesiones extraordinarias. Según trascendió este lunes, el Poder Ejecutivo volverá a enviarla completa (sin subdividirla en diferentes proyectos) tal como quedó antes de caer, pero con dos agregados.
Uno de ellos es el paquete fiscal, que el Gobierno había retirado del proyecto a pesar de que eso lo alejaba del objetivo de déficit cero. En ese capítulo había temas que tenían consenso (moratoria, blanqueo de capitales y cambio de la fórmula jubilatoria) y otros que no (suba de retenciones).
La otra novedad es que el proyecto repondrá la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que había sido eliminada en la gestión anterior y provoca un agujero fiscal en las provincias porque es un tributo coparticipable. El ministro Francos insistió en que suprimir Ganancias “fue un error” y por eso “está dentro de los temas a tratar”.
Paralelamente, Milei pidió tratar una serie de “leyes anticasta” para “terminar con los privilegios de la política y sus amigos”. Algunas de ellas tienen garantizado el apoyo de la oposición “dialoguista”, como la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice, la “ficha limpia” para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos, y la democratización de los sindicatos. De hecho, el PRO y la UCR ya tienen presentados proyectos sobre esos temas.
Pese al enorme grado de expectativa, todavía no hay precisiones sobre cuándo ingresarán los expedientes y cuál será el plan de trabajo del oficialismo. Para ponerse en marcha, el Congreso primero debe terminar de constituir las comisiones, donde se definen los dictámenes. La cuestión trajo varias discusiones durante las extraordinarias porque el bloque Unión por la Patria, que es primera minoría en ambas cámaras, denunció haber sido perjudicado en el reparto de lugares.
Presión por jubilaciones
Mientras aguardan señales del Ejecutivo, en la oposición no kirchnerista empiezan a calentar motores y buscan imponer una agenda propia. En Hacemos Coalición Federal hay quienes tienen la intención de pedir una sesión especial para tratar distintos temas, pero todavía no hay un consenso cerrado ni dentro de ese bloque ni con el resto de las bancadas “colaborativas”.
Algunos de los temas que están en carpeta son la restauración del Fondo Nacional del Incentivo Docente (Fonid), que impacta en los salarios docentes; la coparticipación del impuesto PAIS para nutrir de fondos a las provincias; y fundamentalmente la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
En las últimas horas, la Coalición Cívica de Elisa Carrió (que integra el bloque liderado por Miguel Pichetto) presentó un proyecto para que los haberes se actualicen mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de abril.
Ese cambio había sido aceptado por La Libertad Avanza en la “ley bases”, pero no había acuerdo en cómo evitar una pérdida de poder adquisitivo con el empalme entre fórmulas. El proyecto de los “lilitos” establece que la primera actualización con el nuevo cálculo deberá ser complementada con un aumento del 20,60%.
El bloque de Pichetto se reunirá este martes por la tarde para definir la estrategia, mientras en la UCR toman distancia, por el momento, de la idea de pedir una sesión. “No es algo que hayamos decidido colectivamente avalar”, dijeron. En el bloque radical creen que “hay una conversación posible con el Gobierno para llegar a un acuerdo” sobre el tema jubilatorio.
Por su parte, Unión por la Patria se dedicó este lunes a repudiar el intento de cierre de Télam. A los pronunciamientos de legisladores en redes sociales se sumaron algunos proyectos para impedir el fin de la agencia de noticias, presentados por los diputados Eduardo Valdés y Pablo Carro. También la izquierda se pronunció en esa línea e impulsa otra iniciativa de Myriam Bregman.
En otro orden, sigue candente la discusión del DNU 70/23. Este jueves volverá a reunirse la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, para avanzar con el análisis del decreto mileísta. En la última reunión se aprobó convocar a una serie de funcionarios a pedido de la oposición, pero todavía se desconoce quiénes abrirán la ronda de exposiciones.