En una sesión con permanentes fricciones entre el oficialismo y los bloques de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales y giró al Senado. Además, dieron media sanción a los proyectos de Registro de Datos Genéticos y la declaración de Servicio Esencial de la Educación, conocida como Ley Finocchiaro, que obliga a las escuelas a abrir los días de paro, y el presupuesto de altas escuelas.
La sesión comenzó el miércoles 14 de agosto al mediodía y termino en la madrugada del jueves 15 de agosto. El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, destrabó la sesión con un guiño de último momento a la UCR, al incluir en el temario una ley de presupuesto universitario que complica al Gobierno por su costo fiscal.
En tanto, el bloque Encuentro Federal, que encabeza Miguel Pichetto, decidió postergar para la semana próxima la sesión pedida para este jueves con el objetivo de rechazar el DNU 656/24, que asignó $100.000 millones en fondos reservados para tareas de inteligencia. No obstante, la jugada podría devenir abstracta porque, según se conoció, el 80% de esos fondos ya fueron devengados.
En ese sentido, y en un contexto de reclamos salariales, el bloque radical buscaba garantizar una actualización de la remuneración docente por IPC (Índice de Precios al Consumidor), al igual que con los gastos de funcionamiento de las universidades. A menos que haya acuerdo en paritarias, que en ese caso prevalecería.
Por su parte, el PRO se aprestaba a aprobar su proyecto para declarar a la educación como “servicio esencial”. Esa iniciativa, encabezada por el exministro de Educación macrista, Alejandro Finocchiaro. La propuesta, que luego pasará al Senado, dispone que los días de paro estén abiertos todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades; que se garantice el servicio de alimentación escolar y el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase; y que se asegure un nivel de asistencia mínima del personal directivo, docente y no docente.
Por impulso de la diputada radical Carla Carrizo, se estableció un sistema gradual: si el paro dura entre uno y dos días continuos o discontinuos, tendrá que estar presente el 30% de la nómina de empleados; y si la medida de fuerza se extiende por tres días o más, ya sean continuos o discontinuos, el piso sube al 50% de la nómina.
“Esta ley beneficia a la sociedad toda y no perjudica a nadie. Pone en el centro del debate educativo, por primera vez en muchos años, a los chicos, jóvenes y adolescentes, que son el corazón del sistema educativo”, destacó Finocchiaro. “Venimos acá a regular el derecho de huelga”, retrucó la kirchnerista Blanca Osuna.
La votación en diputados
Con un total 126 votos negativos y 90 afirmativos, la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de mayoría propuesta por el bloque de Unión por la Patria, que incluía actualización bimestral de las partidas presupuestarias, incorporaba ítems adicionales con un costo fiscal mayor, como la ampliación de beneficiarios y montos de las becas Progresar. Además, obligaba a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios.
También, con 86 votos afirmativos y 130 negativos, rechazaron el primer dictamen de minoría. Por otro lado, con 143 votos afirmativos y 77 negativos, fue aprobado en general el segundo dictamen de minoría sugerido por el bloque de la Unión Cívica Radical y que lleva las firmas de Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal.
El mismo propone la actualización del presupuesto basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.
También propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva. El único artículo que fue rechazado está vinculado con la distribución de los fondos. Finalmente, la propuesta paso al Senado.
DNU de inteligencia
El bloque Encuentro Federal jugó su carta para salvaguardar la sesión pedida para este jueves a las 10 por el DNU de fondos reservados de la SIDE (Secretaría de Inteligencia). El diputado Nicolás Massot pidió que la sesión en curso pasara a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, con el fin de poder abocarse al decreto el jueves. Pero la moción fue rechazada con 122 votos contra 115.
A continuación, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, hizo otro intento y propuso incorporar el DNU al temario de este miércoles, pero no se consiguieron los tres cuartos de los votos que se necesitaban (hubo 135 a favor, 100 en contra y 2 abstenciones). Massot denunció un intento de “obstrucción” del tema y anticipó que postergarán su sesión para la semana que viene.
En el medio de la sesión, Ferraro difundió datos del portal oficial “Presupuesto Abierto” que indican que el 80% de los fondos asignados ya está devengado, y se desconoce en qué se usaron porque son secretos. “Para operaciones de la SIDE sí hay plata: ya se ejecutaron $80.000 millones”, alertó el “lilito”.
El legislador advirtió que “estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad. Están dilapidando 3 millones de dólares por día en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral”.
Todas las miradas se posan sobre el radicalismo, que hace días cuestionó el DNU en un comunicado. Dieciocho de los 34 integrantes del bloque votaron a favor de incorporar el DNU a la sesión en curso. Entre los votos en contra figuró ni más ni menos que el presidente de la bancada, Rodrigo De Loredo, quien promovió otra salida política.
La exigencia del cordobés fue que se constituya de una vez por todas la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que tiene facultades para controlar el uso que se le da a los fondos reservados. Menem prometió hacerlo el próximo martes, aunque la presidencia le corresponde a un senador y hay una disputa abierta.
En tanto, Unión por la Patria garantizaba solo 95 de sus 99 integrantes y todas las miradas apuntaban a cuatro diputados por Catamarca (Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez, Sebastián Nóblega y Fernanda Ávila) que acompañaron al Gobierno en la Ley Bases. El último lunes, Menem recibió en Diputados al gobernador Raúl Jalil, lo que alimentó las especulaciones.
En otro orden, el oficialismo consiguió avalar este miércoles, con 146 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones, una iniciativa del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich para ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos a todos los delitos (actualmente rige solo para delitos contra la integridad sexual) e incorporar el ADN “de contacto” (huellas genéticas) en lugar de solo fluidos humanos, como sangre o semen.
Asimismo, el kirchnerismo no logró reunir la mayoría especial para tratar un proyecto de expulsión de los seis diputados libertarios que visitaron en el penal de Ezeiza a presos por delitos de lesa humanidad. Hubo 121 votos negativos (del oficialismo y la oposición dialoguista), 102 afirmativos (de Unión por la Patria, la izquierda y radicales disidentes) y 5 abstenciones. Por una confusión, una de las oficialistas de la comitiva, la santafesina Rocío Bonacci, votó a favor.
Sobre el tema rompió el silencio en el recinto otra diputada que fue de la partida, la mendocina Lourdes Arrieta, quien propuso crear una comisión investigadora e incluso fue a la Justicia como querellante por “haber recibido amenazas”.
“Fui engañada, es la información que manejaba en ese momento”, insistió, y agregó: “Yo no vengo a reivindicar genocidas, no me interesa, eso ya está juzgado”. Por último, Arrieta sentenció: “No quiero recibir más presiones, no quiero recibir más ataques, no quiero recibir más amenazas”.
Diputados también tenía previsto tratar una prórroga del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y una declaración sobre el “fraude electoral” de Nicolás Maduro en Venezuela.
