Las problemáticas que atraviesan las mujeres en distintos momentos y ámbitos de la vida son diversos y, en buena parte de los casos, requieren de la presencia del Estado. Por ello, la Comisión de Mujeres y Diversidad en Diputados y la Banca de la Mujer en Senadores tiene la tarea de presentar y tratar proyectos tendientes a cambiar o mejorar la realidad de este colectivo.
Son varios los ítems abarcados por los proyectos pero, considerando que en general las leyes que se aprueban en un año legislativo no suelen pasar los 40, las temáticas que apuntan a este particular y que logran a avanzar son las menos.
Así, durante el año pasado obtuvieron media sanción en Diputados solo la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios y la llamada “Ley Johanna”.
La primera le brinda garantías a principalmente a las mujeres que quedan al cuidado de sus hijos tras una separación y que no cuentan con el compromiso de los progenitores al momento de pagar la manutención de los menores. Con esta ley, el objetivo es llevar un registro para sancionar a los inclumplidores.
La segunda mencionada - “Ley Johanna”- establece una serie de procedimientos médico-asistenciales que deberán aplicarse en caso de la pérdida de un bebé entre la semana 22 del embarazo y 7 días después del nacimiento. El nombre responde al caso de Johanna Piferrer, quien atravesó el duelo de una muerte perinatal y comprometió a que quienes pasen por lo mismo cuenten con la contención y respeto que amerita.
Qué otros proyectos esperan en Diputados
En cuanto al ámbito laboral, uno de los proyectos presentados en la modificación del Compre Argentino, a fin de incorporar la perspectiva de género. De esta manera, se busca otorgar “preferencias a las sociedades, empresas y otros que tengan el 50% o más del capital social en manos de mujeres”.
También se propone la modificación del contrato de trabajo, a fin de que se incorpore la licencia por violencia de género. Varios de los proyectos se enfocan en modificaciones de leyes vigentes.
En lo que directamente relacionada a la violencia de género, una de las propuestas es la creación de la Ley de Asistencia material a víctimas y la generación del Fondo de Soluciones Habitacionales Permanentes. En este caso la propuesta es que se abone una monto por seis meses, “cuando la víctima tuviere una incapacidad laboral temporaria, conforme lo determine la junta médica”. Este plan aclara que bien puede ser compatible con la asistencia del Anses, haciendo referencia al Programa Acompañar.
Por otro lado, considerando el número elevado de casos de violencia protagonizados por personal de fuerzas de seguridad - retirados o en actividad-, uno de los proyectos propone prohibir la tenencia, portación, transporte y uso del arma de dotación a los efectivos denunciados por violencia intrafamilar o de género.
Una de las leyes por las que se hace más fuerza para que avance en las cámaras es la llamada Ley Belén / Ley Olimpia. Esta hace referencia a la distribución de contenido sexual sin consentimiento, vulgarmente llamado “pornovenganza”. El objetivo es que se incorpore al Código Penal de la Nación esta figura de extorsión para que sea penada y, a su vez, se considera como otro tipo de violencia de género, teniendo en cuenta el avance de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Belén San Román se suicidó por no soportar la vergüenza de haber sido expuesta por su exnovio con material íntimo. Olimpia Coral Melo, por su lado, es una activista mexicana que también sufrió “sextorsión” y trabaja desde entonces para que se castigue a quienes acuden a esta lamentable práctica.
Asimismo, también en Diputados se propuso la “creación e institucionalización de un Registro Nacional Unificado de Casos de Violencia de Género”. En su argumentación, los diputados firmantes hablan de la “imperiosa necesidad de unificar los datos registrados en diversas áreas de Gobierno y de los poderes legislativos y judiciales, tanto a nivel nacional como jurisdiccional”. “Esta iniciativa se enmarca en las acciones estatales que buscan jerarquizar las temáticas, problemáticas e intervenciones estatales vinculadas a la promoción de la igualdad entre las personas y la erradicación de la violencia por razones de género”, agrega el texto.
