La Cámara de Diputados de Entre Ríos formalizó la transferencia de cargos de planta permanente de su estructura hacia el Ministerio de Salud, con el objetivo de fortalecer el área de Salud Mental frente al incremento sostenido de la demanda en la provincia.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 183 y forma parte del proceso de reordenamiento administrativo impulsado por el presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein. En ese marco se revisaron designaciones de la gestión anterior que, según el análisis realizado, habían sido incorporadas de manera irregular y provocaron un aumento injustificado de la planta permanente sin vinculación con necesidades operativas reales.
A partir de ese diagnóstico, y en coordinación con el gobernador Rogelio Frigerio, se resolvió reasignar parte de los cargos disponibles a un sector crítico del sistema sanitario. La norma destacó que la salud mental registra una creciente demanda social y requiere “reforzar de manera urgente y prioritaria las estructuras institucionales que brindan dicho servicio”.
Hein señaló que la salud mental constituye “una prioridad en materia de política pública” y recordó que la Cámara viene trabajando en acciones de prevención y asistencia en articulación con distintos organismos. Subrayó además que la decisión sienta un precedente en materia de uso responsable de los recursos públicos.
Desde la Cámara se remarcó que el área de Salud Mental necesita equipos especializados, capacidad de respuesta, estrategias de prevención, abordajes comunitarios, asistencia en crisis e iniciativas de inclusión social. En ese sentido, se planteó que los organismos del Estado deben coordinar esfuerzos y orientar los recursos hacia los sectores que concentran mayores necesidades.
La transferencia de cargos fue presentada como un hecho inédito en términos de cooperación interinstitucional, al no registrarse antecedentes de una cesión voluntaria de puestos desde la Legislatura hacia otro organismo estatal para fortalecer una política pública. Asimismo, se aseguró que la medida no afecta el funcionamiento interno de la Cámara y permite robustecer un área históricamente relegada sin incrementar el gasto ni ampliar estructuras.
La decisión se enmarca en un esquema de gestión orientado a priorizar áreas sensibles para la ciudadanía y a garantizar que los recursos disponibles se destinen a funciones de alto impacto social, entre ellas, la atención de la salud mental.
