Oberá: motociclista falleció tras un siniestro y sus familiares denunciaron mala praxis

El pasado 14 de junio, Javier Jonatan Delgado, de 29 años, sufrió un grave accidente en la ruta provincial 5 cuando la motocicleta que conducía fue impactada desde atrás por un automóvil. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico severo y fue ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado de coma inducido. A pesar de los esfuerzos médicos, Delgado no logró recuperarse y fue declarado con muerte cerebral.

Desde el inicio, el cuadro de Delgado fue catalogado como gravísimo. Sin embargo, tras su fallecimiento, su pareja se presentó en la Seccional Tercera para denunciar una presunta mala praxis médica.

Esta decisión se produjo luego de que la familia fuese notificada por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) sobre los preparativos para la ablación de órganos, conforme a la Ley Justina, que presume a todos los mayores de 18 años como donantes a menos que se haya expresado lo contrario.

La familia de Delgado manifestó su descontento con el procedimiento de donación y, asesorada por un abogado, decidió presentar la denuncia de mala praxis. Esta acción derivó en una solicitud de autopsia, anulando cualquier posibilidad de ablación y donación de órganos.

El accidente ocurrió cuando la moto Corven Energy 110 de Delgado fue golpeada en la parte posterior por un Volkswagen Surán conducido por Benno Beeck, de 71 años.

Miriam Ramonda, directora del Hospital Samic, se mostró sorprendida ante la denuncia, afirmando que la familia de Delgado siempre estuvo al tanto de su estado crítico y agradecida por la atención recibida. Ramonda aseguró que no hubo indicios de mala praxis según la historia clínica y los procedimientos seguidos.

Respecto a la donación de órganos, Ramonda explicó que el personal del hospital siguió los pasos establecidos por la ley nacional de trasplantes y el INCUCAI. Recalcó que la decisión final sobre las medidas a tomar recae en el juez de instrucción correspondiente.

Fuente: El Territorio