En una conferencia en la que no se evidenció una marcada autocrítica por parte del accionar del Ejecutivo y la Justicia para prevenir lo que terminó desencadenando en el femicidio de Florencia Romano (14), las autoridades del Ejecutivo de Mendoza brindaron detalles sobre el balance y el saldo de la marcha realizada durante la tarde de ayer en el centro de Mendoza. Y también sobre los incidentes y destrozos -generados por grupos minoritarios- que se generaron cuando la marcha ya había llegado a su fin.
El ministro de Seguridad, Raúl Levrino, el de Gobierno y Justicia, Víctor Ibáñez y el jefe de Policías, Roberto Munives fueron quienes brindaron la conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Seguridad. Luego de aclarar e insistir -tanto Levrino como Ibáñez- que los incidentes no tuvieron nada que ver con el objetivo de y el espíritu de la marcha (acusaron a grupos “antisistema y antidemocráticos” de haber desvirtuado la movilización); fue Ibáñez quien ahondó en las pérdidas económicas (preliminares, ya que siguen evaluando) que ocasionaron los disturbios.
“En Casa de Gobierno estamos trabajando en el relevamiento de daños, los cuales –en principio- ascienden a más de 40 millones de pesos. Estos incluyen daños en el sistema de iluminación, en el vínculo de acceso de datos, en vidrios de ventanas patrimoniales, se han quemado puertas importantes, se ha bandalizado el Memorial del General San Martín; además de equipos técnicos y otras computadoras”, destacó el ministro. En cuanto a los daños en la Legislatura, Ibáñez estimó que las pérdidas son cercanas a los 15 millones de pesos; mientras que en el edificio del Poder Judicial las estimó en un millón de pesos.
Identificación por video
Levrino e Ibáñez confirmaron que van a proceder a identificar a quienes protagonizaron y perpetraron los daños por medios de cámaras y filmaciones; al tiempo que defendieron la decisión de no abocar a efectivos policiales a las calles con intenciones de contener posibles incidentes. “Si nosotros hubiésemos actuado con policías durante la marcha, hubiésemos generado un mal mayor. Seguimos un concepto de racionalidad y disuasión. Los inmuebles se puede reparar, pero las lesiones y daños a las personas no. Por eso la decisión que se tomó fue la de labrar las actuaciones correspondientes en cuanto al accionar, para presentarlo a la fiscalía. Tenemos videos en las redes sociales, cámaras de vigilancia, de seguridad y las de los medios de comunicación para identificar a estos delincuentes que nada tienen que ver con la convocatoria de ayer. Afectaron los inmuebles del Estado, pero también de la Democracia”, se explayó el ministro de Seguridad.
Siempre de acuerdo al funcionario, los efectivos policiales que fueron destinados a la movilización lo hicieron siendo distribuidos en el interior de los tres edificios públicos (Casa de Gobierno, Poder Judicial y Legislatura); y Levrino informó que al saldo de los incidentes hay que agregarles además dos vehículos dañados y tres policías heridos.
“Fue una manifestación que expresa un legítimo reclamo frente a un hecho aberrante, pero que ha sido utilizada como vehículo por un grupo de personas para sus propios intereses. No es la primera vez que sucede, usaron una manifestación de reclamo legítimo para realizar hechos aberrantes, tergiversaron o intentaron hacerlo, el verdadero espíritu. Y desde el punto de vista institucional, dañaron símbolos de nuestra democracia como son esos edificios”, agregó Ibáñez.
Ambos ministros defendieron la decisión de no sacar a la Policía a la calle durante la tarde del viernes para que controlen la marcha. “La decisión del Gobierno fue preservar de daños a las personas. Sabemos cuál es el costo de los daños, pero los bienes de una u otra manera se reparan”, resaltaron.
Sobre el llamado al 911 que fue cortado
Una de las principales críticas que recae sobre la Policía de Mendoza y sobre el Ministerio de Seguridad es la vinculada a la operadora del 911 que, tras recibir el llamado de un vecino del femicida y donde reportaba una situación de violencia de género en la cuadra, cortó la comunicación. En ese sentido, las autoridades destacaron que -por día- el CEO recibe 5.500 llamadas, de las cuales 2.500 son falsas y otras 1.000, de consultas. “Este procedimiento (NdA: por el del vecino de Pablo Arancibia, imputado por el femicidio) fue totalmente erróneo y se operó totalmente mal. Debería haberse despachado el móvil cuando se pidió asistencia por una situación de violencia de género”, resumió Ibáñez.
El jefe de Policías, Roberto Munives, en tanto, confirmó en tanto que quien atendió dicho llamado era una mujer que se desempeña en la fuerza; y confirmó que se ha iniciado una compulsa penal por su accionar. Además, confirmó que todos los efectivos se han ido capacitando en temas de perspectiva de género y en Ley Micaela, aunque no pudo determinar si la cuestionada efectiva lo había hecho.
