Alejandro Gullé, Procurador General de Mendoza confirmó el inicio de una causa y remarcó que se intentarán identificar a quienes violaron el artículo 205 del código penal, en el "banderazo" que manifestante realizaron este domingo contra el Gobierno nacional, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.
El principal implementado por el aparato judicial y las fuerzas de seguridad, establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
Además, tendrán en cuenta el decreto provincial 700, que prohíbe las reuniones en espacios públicos, sin distinción del DNI.
"Las cámaras nos dan pruebas objetivas de lo que pasó, más allá de los dichos del personal policial o de un testigo", explicó Gullé, quien agregó: "Estamos en alerta sanitaria. Debemos tener conciencia que el decreto que prohíbe reuniones en la vía pública no ha sido derogado, por lo que sigue vigente".
Y aclaró que "no hay derechos absolutos. El ejercicio de los derechos están regulados y en esta situación particular la reglamentación está dada por estas restricciones. No puede haber excepciones de ninguna naturaleza", aclaró el jefe de los fiscales a Canal 9 Mendoza.
