La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), con jurisdicción en Tierra del Fuego, confirmó por mayoría el rechazo de un recurso de amparo colectivo que buscaba frenar la adjudicación de áreas hidrocarburíferas a empresas de origen británico en la zona de las Islas Malvinas, informaron fuentes judiciales.
La presentación realizada por el propio intendente de Río Grande y actual gobernador electo de la provincia, Gustavo Melella, ya contaba con un primer rechazo efectuado por la jueza federal riograndense, Mariel Borruto, en una decisión que había sido recurrida ante la cámara chubutense.
El amparo suscripto también por gremios y partidos políticos solicitaba la declaración de "nulidad e inconstitucionalidad" del decreto nacional 872/18 que instruyó a la Secretaría de Energía a convocar al concurso público internacional por el que finalmente se adjudicaron 18 áreas para la exploración de gas y petróleo en la cuenca de Malvinas.
La demanda, que incluía un pedido de medida cautelar, se basaba en la supuesta ausencia de estudios de impacto ambiental sobre la actividad a desarrollar, y en la presunta falta de control de los requisitos de las compañías que se presentaron a la licitación.
La resolución de la Cámara de Apelaciones fue por mayoría: los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez votaron a favor del rechazo de la acción de amparo, en tanto que la jueza Hebe Corchuelo de Huberman consideró que debía prosperar.
La postura mayoritaria del fallo tuvo en cuenta las respuestas brindadas a la justicia por la Secretaría de Energía, en el sentido de que los reclamos de "omisiones legales" por parte del organismo "se encuentran encaminados y en trámite", incluso con la intervención del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).
Los magistrados también consignaron que "los hechos denunciados no evidencian ilegalidad manifiesta" y que "exceden la estrecha vía del amparo", por lo que en todo caso debería iniciarse "un proceso de impugnación del acto administrativo de adjudicación" de las áreas petroleras.
Por su parte, en el voto en disidencia, la jueza Corchuelo de Huberman opinó que su par de primera instancia "contó únicamente con información fragmentada, a partir de la cual no es posible excluir la consideración de los recaudos jurídicos que hacen a la procedencia del amparo".
En esa línea, propició que el recurso se abriera para producir mayor prueba y "resolver de acuerdo a derecho".
Entre otros fundamentos, el amparo planteaba que mediante el concurso internacional, el Estado Nacional "entrega unilateral, gratuita e indiscriminadamente información geológica de la plataforma continental argentina" y habilita a presentarse a "cualquier empresa extranjera (inclusive de nacionalidad británica y que operaron en Malvinas bajo el régimen kelper)" lo que representa "una gravísima afrenta a la soberanía nacional".
