Bajo el argumento de que en el marco de una causa por asociación ilícita el Poder Judicial de Jujuy habría ordenado a las fuerzas de seguridad conformar “grupos de trabajo” para “infiltrarse” en una movilización realizada el 1 de abril último, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos marcharán este martes por las calles de esta capital para repudiar esa situación y reclamar que dicha investigación sea cerrada.
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La convocatoria fue anunciada este lunes en la plaza Belgrano por los referentes de las agrupaciones, oportunidad en la que definieron como “gravísimo” lo ocurrido, en alusión a la “infiltración de la policía en las movilizaciones” con el objetivo de obtener “detalles del funcionamiento de las organizaciones sociales y políticas”.
LA INVESTIGACIÓN POR EXTORSIÓN
El 6 de julio pasado el juez de Control Rodolfo Fernández, a pedido del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, ordenó 16 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales y el presunto armado de una asociación ilícita para llevar adelante esa práctica delictual.
Durante esos operativos se secuestró documentación, celulares y equipos informáticos, entre otros objetos.
“Realizaron tareas de inteligencia desde comienzo del mes de abril para identificar a sus referentes con un accionar ilegal y persecutorio que vulnera de forma flagrante derechos humamos y democráticos básicos”, dijeron las organizaciones en un comunicado difundido este lunes en una conferencia de prensa de la que tomaron parte, entre otros, el dirigente sindical Fernando “Nando” Acosta, el concejal Gastón Remy y la diputada (m.c.) Natalia Morales, dirigentes de izquierda que mencionaron a su vez la adhesión de los diputados nacionales Alejandro Vilca, representante de Jujuy en la Cámara baja nacional, y su compañera de bancada Myriam Bregman.
En la ocasión se indicó que la movilización convocada para este martes tendrá alcance a nivel provincial y tendrá como consigna exigir “el cierre inmediato de la causa, la derogación del Código Contravencional y por el cese de persecuciones y la criminalización de la protesta social”.
“Este hostigamiento está generando miedo a los compañeros. No solo por ese día sino por la constante estigmatización que hay hacia nuestras organizaciones donde concurren niños y niñas por un plato de comida. No estamos trabajando tranquilos”, dijo a Télam el referente del Movimiento Popular Nuestra América Gonzalo Maurín, uno de los dirigentes cuyo domicilio fue allanado por la Justicia y la policía.
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La semana pasada el presidente Alberto Fernández se solidarizó con dirigentes de distintos movimientos sociales por los allanamientos que la Justicia realizó en distintas sedes de esas organizaciones en el país y se manifestó en contra de la “persecución judicial” hacia estas agrupaciones.
“Me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social”, había publicado el mandatario en su cuenta de Twitter para manifestar su “total solidaridad”, luego de recibir en la Casa Rosada a referentes de organizaciones sociales.
