En un escenario dominado por el impacto que la medida de fuerza provoca en la población, la audiencia convocada para este lunes por las autoridades de la cartera de Trabajo provincial para destrabar el paro de los choferes de colectivos que afecta a San Salvador de Jujuy desde el viernes, fue infructuosa.
La dirigencia de la seccional Jujuy de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se mantiene firme en sus demandas y al no tener respuesta satisfactoria de la patronal sostendrá la huelga con la modalidad “por tiempo indeterminado”, confirmó el secretario de Asuntos Gremiales, Marcelo Moyano.
ENTRANDO AL QUINTO DÍA DE PARO
El sindicato incurrió en desacato frente a la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por el Ministerio de Gobierno provincial invocando la ley nacional 14.786, medida que además de abrir el diálogo entre las partes en conflicto busca que se restablezca con total normalidad en las calles el servicio del transporte público de pasajeros, lo que, a la luz de las declaraciones de los dirigentes gremiales, no ocurrirá por lo menos en las próximas horas.
Al respecto, el director provincial de Trabajo, Carlos Coronel, informó que la Secretaría de Trabajo y Empleo declaró ilegal la medida de fuerza en razón de la negativa de la UTA Jujuy.
Cabe decir que como paliativo a la situación, las empresas de colectivos implementaron esquemas de emergencia poniendo en circulación algunas pocas unidades -entre una y siete, en el mejor de los casos- conducidas por choferes que no adhieren a la protesta, lo que claramente no da abasto para transportar a miles de pasajeros en la capital jujeña.
El viernes algunos de esos vehículos fueron atacados con piedras a su paso por sectores de la periferia de la ciudad.
Las conversaciones quedaron estancadas este lunes en tanto los representantes de los trabajadores reclaman el pago de un adicional no remunerativo de 390.000 pesos, la cancelación de una diferencia salarial acumulada en los meses de marzo y abril, y el pago de los haberes de agosto liquidados según la escala salarial nacional establecida en julio pasado, que estipula un sueldo básico de 1.060.000 pesos.
En contrapartida, argumentando que la cancelación de los subsidios nacionales hace imposible mejorar la oferta, las empresas ofrecen 850.000 pesos.
El dirigente Moyano aseguró que la medida de fuerza continuará hasta “recibir una respuesta a las demandas de los trabajadores”.
LA IZQUIERDA APOYA Y DENUNCIA
Desde la política, el concejal del PTS-FITU Guillermo Alemán hizo pública su solidaridad “con el reclamo de los choferes de colectivos”, al tiempo que acusó a las empresas de estar “incumpliendo la paritaria nacional”, siendo que “pese al recorte de los subsidios nacionales, se beneficiaron por meses de salarios congelados, subsidios provinciales y municipales, y un aumento del boleto de más del 420 por ciento”.
Con el mismo tono denunció que “esta situación la deja correr el Intendente (Raúl Jorge), haciendo ‘la vista gorda’ a las responsabilidades de las empresas y violando flagrantemente las ordenanzas que sus propios concejales escribieron y votaron”.
Se refería a la ordenanza 7.978 que declaró en “estado de emergencia” al transporte urbano “y en su artículo 4º planteaba la obligación del Departamento Ejecutivo de elaborar un estudio integral de la estructura de costos más beneficios del sistema de transporte público de pasajeros, en el plazo de tres meses”.
“La ordenanza entró en vigencia el 29 de diciembre del 2023. Pasaron más de ocho meses y no hay señales del estudio de costos”, apuntó el concejal de la izquierda.
