Al reanudar este jueves sus actividades la Legislatura de Jujuy, uno de los proyectos más relevantes que se deberá tratar en el recinto de sesiones es una iniciativa del diputado provincial Luis Horacio Cabana, del bloque Frente de Todos - PJ, quien en base a una sólida argumentación busca que el pleno de la Cámara acompañe con su voto la sanción de una ley que proteja el empleo de las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública provincial y municipal en este tiempo de pandemia del coronavirus Covid-19.
Partiendo de una serie de consideraciones y disposiciones emanadas de los más altos organismos de salud y del trabajo, y ajustándose a normativas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional -y de todo lo cual deviene el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" implementado en todo el territorio nacional-, con claridad el legislador peronista sostiene que "resulta imprescindible habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, aun en la contingencia de no poder prestar servicios, sea en forma presencial o en modos alternativos previamente pactados".
En concreto, el diputado sindicalista -Cabana conduce en Jujuy la Seccional local de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)- propone que la Provincia adhiera a los alcances del decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 329/2020 del Gobierno Nacional y se declare el estado de "emergencia pública ocupacional para la Administración Pública provincial y municipal" en Jujuy.
Según expresa el autor del proyecto en sus fundamentos, de esa forma quedarán "suspendidos los despidos sin justa causa y previo sumario correspondiente, en la Administración Pública Provincial y Municipal centralizada y descentralizada" mientras dure la "emergencia ocupacional".
También quedaría "prohibida la rescisión sin justa causa de los contratos por tiempo determinado", en tanto que quedarían "automáticamente renovados" hasta el cese de la medida "los contratos cuyo término opere durante el período" del estado de emergencia.
Cabana dice que en el contexto actual "corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, tutelando en forma directa a los trabajadores y a las trabajadoras, asegurando que esta situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población", y completa su argumentación dejando una última reflexión en el sentido de que "la justa distribución del ingreso también se hace en base a políticas de pleno empleo".
