Días atrás, Alberto Fernández le mandó una carta a Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, en el marco del desacuerdo diplomático por la fuaga de la exministra de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte Pesantes. En el texto el mandatario argentino hacía referencia a que la Justicia de algunos países de la región se ponen a disposición para “perseguir opositores”. Los dichos no cayeron nada bien en Chile.
“Sabe usted el respeto que le dispenso. Sabe también que quiero que la institucionalidad ecuatoriana se preserve. Pero quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”, dice el párrafo que provocó el enojo del ministro de Justicia chileno, Luis Cordero.
Fernández buscó referirse así a la que considera una “persecución política” en contra de Cristina Kirchner; Rafael Correa, con condena sin cumplir por la misma causa que su exministra de Transporte; a Duarte Pesantes; a Lula da Silva, y a Marco Enriquez Ominami, que está siendo enjuiciado por una causa de corrupción en Chile.
Ominami recibió recientemente el apoyo de todo el Grupo de Puebla mediante una nota que firmó Alberto Fernández, el único presidente en actividad que lo hizo. En ese texto también se criticaba a la justicia chilena. Allí se aseguraba: “Desde 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”.
Qué dijeron desde Chile
En este contexto, el ministro de Justicia chileno, Luis Cordero, le respondió a Fernández respecto de la postergación del juicio del caso de presunta corrupción política conocido como “SQM”. A su vez, rechazó los cuestionamientos de Presidente argentino, enfatizando que son “impertinentes e impropios”.
“Es un hecho público y notorio lo que sucede con las extensiones de los juicios orales, pero una cosa muy distinta es transformar eso en problemas de proceso y garantía”, argumentó Cordero y le pidió al mandatario “ser respetuoso con las instituciones”.
Cordero le dijo a la prensa trasandina que “no se atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina” y calificó el contenido de “improcedente e impropio”.
El caso SQM lleva ocho años de investigación y tiene que ver con un escándalo de 2015. Se investiga una presunta financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, una de las mineras de más peso del país. La averiguación recae sobre personas relacionadas con estos por servicios que no fueron prestados.
El presidente chileno Gabriel Boric también salió al cruce en relación a esto: “Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”. También la excanciller chilena Antonia Urrejola dijo que los dichos del mandatario argentino fueron “absolutamente improcedentes”.
