La investigación por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, que terminó con la vida de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, arrojó un nuevo dato sobre la propiedad donde se cometieron los asesinatos: su dueña es Silvia Almazán, secretaria adjunta de Suteba, el gremio docente de la provincia de Buenos Aires que preside Roberto Baradel.
La vivienda, situada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, habría sido alquilada pocos días antes del macabro crimen. Si bien la propiedad ya fue declarada por Almazán ante la justicia, hasta el momento no se la vincula directamente con el hecho, según confirmó el fiscal a cargo de la causa, Adrián Arribas.
“Por ahora no está vinculada”, aseguró Arribas, quien precisó que la investigación sigue su curso y que aún quedan personas por detener. Sobre la cantidad de sospechosos, indicó: “Estamos investigando a por lo menos tres, cuatro personas. No hay ningún pedido de detención todavía”. En total, entre los ya detenidos y los posibles implicados, el fiscal estimó que podrían ser alrededor de trece.
Arribas también explicó que se analiza progresivamente la información obtenida de los celulares secuestrados, y que aún no cuenta con la totalidad de los informes técnicos. Respecto a la propiedad, se investiga si la casa fue alquilada a la madre de Celeste Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen, o si estaba usurpada, como indicaban algunos testigos.
Trayectoria de Silvia Almazán
Silvia Almazán cuenta con una larga trayectoria en el ámbito sindical y es considerada una dirigente cercana a Roberto Baradel. Antes de asumir su cargo actual como secretaria adjunta de Suteba, se desempeñó como secretaria de cultura y educación del sindicato y fue directora del Instituto para el Desarrollo Económico y Social Stella Maldonado, que depende de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA).
Si bien su nombre quedó en el centro de la atención pública por la propiedad vinculada al triple femicidio, hasta el momento la investigación no atribuye responsabilidad alguna sobre los crímenes a Almazán.
