La tenacidad de la sequía que complica el cierre de 2022 promete dejar tierra árida para el año próximo y en consecuencia comienza a condicionar las decisiones de política económica.
Si bien ningún agente del sector agropecuario lo dice a viva voz, o lo plasmó en un documento (por obvias razones), es un hecho que se sucederán los reclamos para que más ramas gocen de un tipo de cambio especial y que no sea solo una prebenda para el complejo sojero.
A esta presión estará sometido el equipo económico, que día a día suma a un nuevo segmento a su política de administración cambiaria lo que en definitiva termina incentivando una sucesión de pedidos similares.
Sin muchas opciones para obtener divisas, la encerrona es cada vez más estrecha y con menos margen de maniobra, porque además del campo hay sectores industriales que se suman a los reclamos de un tratamiento más favorable.
En el caso del agro, la situación es particular porque tiene el “as de espada” para el ingreso de dólares –la soja- y su “machaza” potencia le permite esperar “la vuelta” sabiendo que tarde o temprano se adecuarán a su requerimiento.
La primera versión del “dólar soja” sirvió para cerrar el tercer trimestre, pero absorbió por anticipado lo disponible para la última parte del año, lo que obligó a su reedición.
El plan en curso tiene un efecto parecido, atrayendo lo poco que podía obtenerse durante el primer trimestre de 2023, con el agravante de “una seca” que provoca quebrantos millonarios. Aquí la encerrona.
Un reciente informe de CREA –entidad que agrupa a unos 2.000 productores agropecuarios- precisó que la caída en la producción de trigo es del orden de 37% y en el caso de la cebada de 32%, lo cual generará una pérdida de US$3.300 millones en exportaciones.
El mismo trabajo sostiene que hasta el momento solo se pudo sembrar el 37,1% de la superficie destinada a soja, cuando en el mismo período de 2021 se había alcanzado el 61,4%.
En el caso del maíz se pudo plantar el 32,7%, contra un promedio de 46,7% de un año atrás.
“De esta manera, la merma en los niveles de producción de la gruesa 22/23 podría aumentar la presión sobre las reservas y la cotización oficial del dólar”, argumentó la entidad. En la misma línea sostuvo que “luego de las dos ediciones del ‘dólar soja’, los stocks remanentes, que podrían amortiguar una mala producción, serán limitados de cara al 2023″.
Con este escenario, consideró que “de todas formas, el Gobierno tendría incentivos para implementar un ‘dólar soja 3′ durante 2023, incluso si los stocks remanentes de campañas pasadas son bajos”.
Añadió que “con una reapertura del programa puede incentivar la rápida comercialización de la cosecha 22/23, poniendo menos presión sobre la necesidad de restringir las importaciones para mantener equilibrado el mercado cambiario oficial sin corregir el tipo de cambio”.
El trabajo de CREA se sumó a uno similar realizado por la Universidad Austral, donde se alertó que “de no producirse precipitaciones en los momentos críticos, se podría conducir a pérdidas importantes en la producción de maíz que podrían oscilar entre las 6 y 10 millones de toneladas, lo que significarían unos US$3.000 millones de dólares menos de exportaciones con su impacto en la oferta de divisas”.
Ambos estudios coinciden en la cifra que Argentina dejará de vender al exterior, sus consecuencias sobre el ingreso de dólares, y en un clima de desasosiego entre los productores por la incertidumbre macroeconómica.
La pulseada será más intensa entrado el último cuatrimestre de 2023. ¿Habrá ventas a dólar oficial o nuevamente habrá retención de granos –de una cosecha que luce de menor escala que la actual- a la espera de un nuevo tipo de cambio especial?
Bono para importadores
En el medio de esta situación, el Gobierno diseñó un bono a medida para los importadores. En el menú de instrumentos que ofertó para la licitación de este miércoles –en la que busca $ 405.000 millones para renovar vencimientos- incluyó un título con vencimiento en abril de 2023 del estilo dólar linked.
Este bono solo podrá ser suscripto por importadores registrados en la AFIP y en la Aduana y su creación responde a un pedido especial de algún tipo de cobertura de parte de este grupo
Ante sus tenencias en pesos y la imposibilidad de obtener los dólares para desarrollar a pleno su actividad, con esta colocación los importadores se cubren por cuatro meses de posibles alteraciones en el tipo de cambio.
Visto de otra manera, el Gobierno debió convertirse en garante del valor de sus tenencias en pesos a sabiendas de que no podrá satisfacer sus demandas en un primer cuatrimestre de 2023 que luce complicado.
En la misma línea, la Unión Industrial Argentina (UIA) insistió en su reclamo por las trabas a las importaciones que frenan los procesos productivos.
Así lo reiteró la Junta Ejecutiva en un comunicado de prensa luego de su última reunión.
