El oficialismo logró firmar hoy dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lo que habilita el tratamiento en el recinto del paquete fiscal, que incluye la reversión del impuesto a las Ganancias para asalariados, una moratoria, un blanqueo de capitales, además de impulsar cambios en el monotributo y en el impuesto a los bienes personales.
De esta forma, el Poder Ejecutivo cumplió con su propósito de atar la discusión del paquete fiscal -que entre otras cosas significa más recursos para las provincias- a la “ley bases”, uno de sus principales objetivos políticos.
La norma tratada bajo el título “Medidas fiscales paliativas relevantes” será discutida el próximo lunes desde las 11 de la mañana junto a la Ley de Bases.
Cómo fue el acuerdo
El acuerdo demandó de un sinfín de reuniones y el oficialismo tuvo que realizar varias concesiones para lograr los votos necesarios, entre los que se suman La Libertad Avanza, el PRO, un sector de radicalismo y la coalición Hacemos Coalición Federal. La propuesta oficial logró 27 firmas, 7 con disidencias.
El bloque de Unión por la Patria y los partidos de izquierda firmaron dictámenes en rechazo.
Para llegar a este resultado, el Gobierno accedió a reducir de anual a semestral la actualización del impuesto a las Ganancias, que en el proyecto original era de carácter anual. La ajuste se realizará mediante a variación del Indice de Precios al Comsumidor (IPC) que elabora el Indec.
Además, el valor del mínimo no imponible de $ 1.800.000 para solteros y $ 2.200.000 para los casados estará vigente hasta agosto y el Poder Ejecutivo dispondrá de un aumento desde septiembre a modo de empalme.
El Gobierno también aceptó que los recursos con asignación específica de fondos fiduciarios que sean eliminados pasen a la masa coparticipable y no vayan como recursos adicionales al Tesoro Nacional.
Modificaciones consensuadas, pero con polémica
Asimismo, la diputada del PRO Germana Figueroa Casas comunicó una serie de modificaciones que fueron consensuadas con otros bloques. Entre ellas se destaca que los monotributistas excluidos del régimen desde el 1° de enero por excederse en la facturación podrán volver sin tener que esperar los tres años de plazo que impone la ley.
A su vez, también indicó que se elevó el mínimo del rango de alquileres, que quedó un valor de $ 120.000 por mes. Por otra parte, se mantuvo la eliminación del monotributo social.
Casas dijo que se agregó un beneficio para el contribuyente cumplidor de medio punto de alícuota en Bienes Personales, que deja a su evaluación adelantar el pago como propone la norma o seguir pagando regularmente.
En tanto, el diputado por Unión por la Patria Carlos Heller cruzó a Casas y advirtió que su partido no conocía esas deliberaciones que terminaron en los acuerdos anunciados. En esa línea, varios legisladores de Unión por la Patria también de denunciaron el texto les fue entregado minutos antes que comience la discusión.
El Gobierno también aceptó que los recursos con asignación específica de fondos fiduciarios que sean eliminados pasen a la masa coparticipable y no vayan como recursos adicionales al Tesoro Nacional.
Por su parte: el bloque Hacemos Coalición Federal que comanda Miguel Ángel Pichetto, apoyó la propuesta del oficialismo pero firmó en disidencia y propuso gravar los juegos de azar y una propuesta de “reestructuración tributaria” del 2% del PBI.
Acerca de las otras propuestas como la moratoria y el blanqueo el dictamen se aprobó prácticamente sin cambios con relación a los borradores que habían circulado. Los cambios estuvieron focalizados en la redacción de algunos capítulos del blanqueo para evitar maniobras de lavado. De esta forma, se podrán ingresar activos por hasta US$ 100.000 sin ningún tipo de penalidad, cifra que se extiende si el dinero queda depositado hasta el 31 de diciembre de 2025 en cuentas especiales.
La aprobación de este proyecto es fundamental para las finanzas provinciales, ya que el 60% de los nuevos recursos que se generen serán coparticipables.
Para los contribuyentes una de las medidas de mayor impacto es la moratoria impositiva que permitirá ingresar deudas vencidas hasta el 31 de marzo en medio de un contexto de fuerte recesión económica y caída del novel de actividad.