Horas después de liberar el nuevo desembolso por alrededor de US$ 4.700 millones para la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe con las nuevas consideraciones sobre la marcha de la economía y el “ambicioso plan de estabilización” de Javier Milei. Además, resaltó que el Gobierno nacional se comprometió a ponerle fin al cepo cambiario “en el corto plazo”.
“La nueva administración está tomando medidas audaces, acciones para restaurar la estabilidad macroeconómica y comenzar a abordar los impedimentos de larga data para el crecimiento. Estas acciones iniciales evitaron una crisis de balanza de pagos, aunque el camino hacia la estabilización será un desafío”, planteó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
La declaración de Georgieva se incluyó en la apertura del staff report que el organismo multilateral de crédito elaboró tras la revisión de las cuentas y el análisis de las primeras medidas implementadas por la administración de Milei.
Georgieva destacó “el ambicioso plan de estabilización” y el compromiso del gobierno nacional para dejar de financiarse con el Banco Central y para alcanzar este año un superávit fiscal de alrededor del 2 por ciento del PIB. Según indicaron, esa meta “se sustentará en una combinación de impuestos temporales relacionados con las importaciones y el fortalecimiento de los impuestos sobre los combustibles, junto con esfuerzos para racionalizar los subsidios a la energía y el transporte, los costos administrativos y las gastos discrecionales”.
Las medidas que destacó el FMI
Respecto al cepo, según lo indicó la titular del Fondo, las autoridades están comprometidas a eliminar las restricciones cambiarias que aún distorsionan y las múltiples prácticas monetarias en el corto plazo”.
Las autoridades del FMI expresaron su “satisfacción” ante “las audaces medidas iniciales y la determinación de la nueva administración en la aplicación de un ambicioso plan de estabilización para restablecer la estabilidad macroeconómica y volver a encarrilar el programa”. El acuerdo consiguió ahora la bendición para extenderse hasta fines de 2024.
Georgieva señaló que “será esencial una formulación ágil de políticas y planes de contingencia” y adelantó que posiblemente se requieran “medidas adicionales” para “asegurar los objetivos del programa y restablecer de forma duradera la estabilidad”. “Sigue siendo imperativo contar con una asistencia social bien focalizada, así como con esfuerzos continuos para construir el apoyo político al programa”, apuntó.
Es que en el staff reporte se indicó que “las condiciones del mercado siguen siendo volátiles, y la situación económica y social probablemente se deteriorará en el corto plazo”.
Asimismo, destacaron que las medidas clave están atadas a las “reducciones de los subsidios energéticos ineficientes, con un aumentos en las tarifas de electricidad (más del 200%) y de gas (más del 150%) a partir de febrero”. También esperan que haya “subas continuas en las tarifas del transporte urbano, reorganización de la administración nacional, “liberación” de trabajadores contratados en 2023 y los esfuerzos para contener los ajustes salariales, recortes en las transferencias a las provincias, y la preparación para iniciar reformas y posible privatización de empresas estatales”.
Expectativas sobre la “ley ómnibus”
El staff del FMI también hizo alusión al tratamiento de la Ley de ‘Bases’, sobre lo cual contempló que “los retrasos en la obtención de apoyo político para la legislación clave de la reforma podrían complicar la implementación del programa, mientras que los riesgos de disturbios no pueden descartarse dados los costes sociales a corto plazo asociados al plan de estabilización”.
Con lo cual, agregó, “sigue siendo indispensable esforzarse por conseguir el apoyo de la sociedad al programa, así como una asistencia social adecuada y bien orientada”.
“En caso de que se materialicen los riesgos, será necesario desplegar medidas políticas adicionales, como un control más estricto del gasto, una mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias y una racionalización de los gastos fiscales para garantizar los objetivos fiscales, junto con un ajuste ágil de la política de divisas para alcanzar los objetivos de acumulación de reservas”, sugirió, al tiempo que apeló a que haya “una comunicación clara y continua será esencial para gestionar las expectativas y mantener el apoyo al programa”.
