Otra vez, la aplicación Uber está en la mira por un hecho de inseguridad. En esta oportunidad, el violento episodio fue protagonizado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, a la altura del Hospital Córdoba. Allí, un joven de 25 años regresaba a su domicilio y tras un percance, fue atacado por el chofer.
La víctima, Ezequiel, pidió permiso para vomitar y lo hizo a través de una ventanilla trasera del vehículo. De manera inesperada, el conductor lo obligó a descender del coche y comenzó a golpearlo. Luego, le sacó la gorra y se dio a la fuga.
Uber: un chofer atacó a golpes a un pasajero
Tras el violento suceso, Ezequiel realizó la denuncia correspondiente mediante Ciudadano Digital y activó el protocolo de emergencia de la aplicación. Sin embargo, la respuesta proporcionada por Uber fue insuficiente.
Aunque la plataforma derivó su alerta al 911 y se envió asistencia, el agresor nunca fue localizado. Lo más preocupante para la víctima es que Uber no suspendió el perfil del chofer, permitiéndole continuar su actividad laboral. La empresa solo ofreció la opción de enlazar la querella a un link, sin posibilitar el diálogo con una persona real.
En este sentido, la investigación reveló una alarmante irregularidad: el conductor estaba operando ilegalmente. Su vehículo exhibía calcomanías de una firma de remises, pero al consultar con la compañía, se confirmó que este individuo no trabajaba para ellos desde hacía un año. Utilizaba la identificación de la antigua empresa y prestaba servicios como chofer particular de Uber.
Piden reglamentar Uber en Córdoba
Esta vivencia transformó radicalmente la percepción de Ezequiel sobre la reglamentación municipal de las aplicaciones de transporte. Siendo un usuario asiduo de estas plataformas, ahora respalda las medidas impulsadas por el Concejo Deliberante. Argumenta que la carencia de soporte por parte de Uber pudo haber desencadenado un desenlace mucho peor.
Este caso se enmarca en un crucial debate sobre el proyecto de ordenanza que busca regularizar las plataformas de traslado en la ciudad de Córdoba. La iniciativa, que será objeto de discusión en la primera sesión de agosto, establece una limitación de 4.000 vehículos habilitados e impone rigurosos requisitos de seguridad. Entre las exigencias se incluyen la Revisión Técnica Obligatoria (ITV), licencia de conducir profesional, certificado de antecedentes penales y un seguro con cobertura total, entre otras condiciones.
