Dos policías de la ciudad de Río Tercero volverán a ser juzgados frente a un recurso de casación, presentado por el fiscal de Cámara, Gustavo Martin y la fiscal complementaria, Andrea Heredia Hidalgo. Los profesionales aseguran que existieron varias pruebas que no fueron consideradas por la cámara riotercerense.
El hecho ocurrió el 3 de noviembre de 2014 cuando un voraz incendio se desató en una vivienda y se cobró la vida de Mirtha Selva (53) y su hijo Alejandro Villalón (20). Tras una investigación, se determinó que el fuego comenzó a partir de una bomba casera preparada presuntamente por José Vidaurre (34) y Cristian Ahumada (37), ambos efectivos policiales.
Tratamiento judicial
En el primer juicio con la imputación de un doble asesinato, la Cámara del Crimen de Río Tercero absolvió a los acusados. Pero ahora el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló aquel fallo y ordenó un nuevo debate.
Vidaurre y Ahumada habían llegado a juicio imputados por homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio, por el uso funcional y por el medio. Se enfrentaron a una posible prisión perpetua pero quedaron absueltos por el beneficio de la “duda insuperable” y recuperaron la libertad el 31 de octubre de 2018.
El fiscal de Cámara Gustavo Martin y la fiscal complementaria, Andrea Heredia Hidalgo -quien impulsó la investigación en la etapa de instrucción-, presentaron un recurso de casación y ahora el TSJ les acaba de dar la razón.
El máximo tribunal de la Provincia cuestionó que existieron varias pruebas que no fueron consideradas por la cámara riotercerense. Por caso, alude al testigo que dijo haber visto a una persona con uniforme de la fuerza de explosivos, que sólo usaba uno de los dos acusados en toda la Unidad Departamental.
“Milico, me vas a quemar toda la casa”, habrían sido las últimas palabra de la víctima, que el TSJ valoró e indicó que debieron ser profundizadas durante el debate. Al igual que las pruebas de que a uno de los acusados se le incautó material de su computadora de cómo hacer una bomba molotov (con botellas de cerveza y una mecha en la punta).
En esa línea, el TSJ subrayó que en los peritajes se encontraron vidrios de color marrón, además de los que tenía la vivienda.
El fallo puntualiza que “el contenido de las amenazas estaba vinculado con situaciones ocurridas entre la familia Villalón y la Policía de Río Tercero”. En ese sentido, se destacó un mensaje anónimo intimidante aparecido poco antes del ataque incendiario: “Van a ir a acompañar a Lucas al Cementerio Parque”. Los autores de la amenaza aludían a Lucas Funes, quien “fue víctima de un ataque con bombas molotov”, según se dijo en el juicio.
También el TSJ valoró al testigo que subrayó que “el portón de la Policía no tiene medidas de seguridad y entra y sale cualquiera”. Esos dichos irían contra la coartada de uno de los acusados, “quien pudo haberse ido sin ser visto y cubierto por algún compañero”.
En el recuros de casación se cuestionó asimismo que hubo falsedad en las constancias del libro de guardias (de la Policía). Ejemplifican que se hizo constar que hubo un llamado “sobre ruidos en los techos, cuando en realidad los vecinos se comunicaron con el servicio de emergencias de la Policía por el incendio”.
Pone en dudas la nueva resolución judicial, además, “que no ha sido analizado por el tribunal ”que cinco minutos antes del incendio un testigo vio pasar un móvil policial y que luego del incidente vio pasar a dos uniformados vestidos de negro, corriendo por calle San Miguel hasta Savio, quienes tras subirse a un auto salieron raudamente del lugar”. Esas arterias están ubicadas a metros de donde sucedió la tragedia.
Asimismo se cuestiona que el juzgador no efectuó en rigor una integración valorativa de algunas pruebas con el resto del material probatorio. El fallo que ordenó nuevo juicio fue rubricado por los vocales del TSJ Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Cáceres.
