Julio Garay (22) falleció en el mes de marzo en Traslasierra, después de protagonizar una persecución con un móvil policial. El joven volcó con su automóvil mientras era perseguido en la localidad de Las Tapias. Dos policías quedaron imputados, y la familia Garay pide Justicia.
Según trascendió, el Renault 11 gris no se detuvo en un control de tránsito ubicado sobre la ruta 14. “Comenzó a correr a alta velocidad, con riesgo para él mismo y para terceros, al llegar al centro de Villa de las Rosas se desvió para no pasar por la Policía, en una parte se subió a la vereda, era un verdadero peligro”, dijo David Cortés, defensor de los policías.
Al llegar a la localidad de Las Tapias, el conductor ingresó a un camino de tierra, dio tumbos y su cuerpo salió despedido por el parabrisas del rodado. Su muerte habría sido inmediata. Mientras que, el patrullero fue encontrado con signos de haber sufrido un impacto leve en la parte frontal.
El caso quedó en investigación de la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Galaratto, y el letrado defensor de los efectivos aseguró que habría un registro en video. “Hay pruebas claras de que mis defendidos no tuvieron ninguna intención de matar”, aseveró.
La palabra del defensor de la familia
En tanto, Jorge Sappia Obregón, abogado querellante en representación de la familia de la víctima, afirmó: “Si el patrullero venía por atrás y chocó al auto, es porque lo perseguía de cerca, no a una distancia moderada”.
“Ni siquiera sabían por qué lo perseguían. Habrá que rever los protocolos de acción en estos casos, atravesaron zonas pobladas donde un persecución es muy peligrosa. Lo seguían con una actitud intimidatoria, con balizas, sirena y megáfono”, señaló.
“Nosotros creemos que él huía porque no tenía los papeles del auto y una semana antes había perdido su documentación, nada más. Julio no tenía antecedentes, él era bueno y trabajador. Los policías lo mataron y queremos justicia”, reclamó Verónica Garay, hermana del joven fallecido.
Los efectivos policiales fueron detenidos por “homicidio simple agravado” por su condición de funcionarios. Luego la calificación cambió a “homicidio por dolo eventual”, según confirmaron fuentes judiciales y fueron liberados.
