Tras una serie de despidos, los trabajadores de Petroquímica Río Tercero ocuparon la fábrica tras denunciar que la empresa “rompió la conciliación” que tramita en el Ministerio de Trabajo de Córdoba. En este aspecto, el gremio químico señaló que las autoridades intentaron “extorsionar” al cuerpo de representantes en medio de la falta de pagos.
Sigue la tensión en Petroquímica Río Tercero por los despidos
“Nos juntaron a los miembros del sindicato y nos ofrecieron que nos liberaban el 50 por ciento del salario de todos los trabajadores si le pedíamos al Ministerio que retirara la conciliación y liberábamos la fábrica”, expresó uno de los delegados.
La crisis en la Petroquímica estalló en octubre de 2024, momento en que cerró la planta de producción de diisocianato de tolueno (TDI) debido a la falta de competitividad para hacer frente a la importación de China. Ante la caída de su principal unidad productiva, en julio despidieron a 124 operarios y días después, solicitó un procesamiento preventivo de crisis.
“Más de la mitad de los trabajadores fueron despedidos, no se les ha pagado la indemnización y al resto de los compañeros tampoco se les ha pagado el salario. Nos han tirado en la calle sin un mango”, afirmó el trabajador.
La denuncia contra la Petroquímica Río Tercero
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunció a Verónica Vara, titular del Grupo León Forte S.A.U. (ex Grupo Piero), por un “vaciamiento planificado” de Petroquímica Río Tercero. En medio de un conflicto laboral que mantiene en alerta a Córdoba, el CeProDH acusa a la empresa de desviar fondos a proyectos inmobiliarios de lujo “aptos blanqueo”, como Bliss Buenos Aires, y de tener vínculos con firmas offshore de los Panamá Papers.
Según la denuncia, mientras la petroquímica despedía a más de 100 trabajadores y sustituía la producción nacional por importaciones, se volcaban capitales a emprendimientos como Bliss Buenos Aires, donde un departamento de dos ambientes arranca en 170.000 dólares. “Todo esto se desarrolló con la pasividad, cuando no complicidad, de sectores de la dirigencia política local y nacional”, sostuvieron desde CeProDH.
