El exdirector general de Protección Civil del Gobierno de la Provincia, Diego Concha (52), quien debe responder a la grave acusación de “homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”; será juzgado en la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, integrada por jurados populares.
La víctima fue la rescatista y bombero Luana Priscila Ludueña Caminos (26), quien en enero de 2022 se quitó la vida luego de denunciar que había sido abusada por Concha cuando éste era su jefe y le estaba ofreciendo trabajo en la fuerza. Por eso, se incluye la doble calificación del “abuso de sus funciones” y el “contexto de violencia de género”.
Con representantes del pueblo, el tribunal técnico de la cámara se integrará con su formación habitual, Ángeles Palacio de Arato, Gustavo Ispani y Leandro Quijada. Pero no estará como acusador el fiscal de esa cámara, Gustavo Hidalgo, quien debe apartarse por cuestiones personales. Por esto, ya fue confirmado que asumirá esa función Martín Berger, quien habitualmente es el fiscal subrogante de ese tribunal.
El cuadro de las partes del debate a puertas abiertas se completa con Carlos Hairabedian, como defensor de Concha, y con Carlos Nayi en la función de querellante, representando a los padres de Luana. Se espera que el debate se realice a mediados de este 2024.
El sorteo de este tribunal de sentencia se produce luego de que la elevación a juicio efectuada por la fiscal de Carlos Paz Jorgelina Gómez obtuviera dos sucesivos avales en el Juzgado de Control de esa ciudad -a cargo de Daniel Ricardo Strassorier- y de la Cámara de Acusación de Córdoba, por unanimidad.
Además de la grave acusación por femicidio, que por sí solo puede costarle la prisión perpetua, Concha debe responder por supuestas agresiones de género contra la vida de Ludueña, como así también por un conjunto de otros hechos en perjuicio de una expareja anterior: “lesiones doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego”, más “agresión con toda arma” y “coacción”, según la Justicia.
Esta compleja y grave acusación deberá ser analizada por el tribunal técnico y el jurado popular, en un juicio que puede terminar con la pena máxima para el exfuncionario provincial.
