Una pareja y sus dos hijos quedaron demorados en el límite de Córdoba- San Luis luego de que confirmaran no tener documentos de identidad. La familia asegura ser “ciudadana del mundo” por lo que no cuentan con cédulas ni papeles del vehículo en el que circulaban.
Dos adultos, identificados como Sergio y An, y sus cuatro hijos (de 2, 4, 8 y 11 años) quedaron varados en el paraje Las Palomas, ya que no contaban con documentación legal personal. Ante la pregunta de los efectivos policiales, los mayores aseguraron no reconocer leyes nacionales ni internacionales, ni límites territoriales.
La familia había llegado a Argentina desde Chile y manifestaron que viajaron sin problemas por Buenos Aires y por Córdoba. Según apuntaron, ese día viajaban desde la zona de Mendiolaza, Córdoba, hacia Villa Praga, una localidad de San Luis.
La familia justificó que se rige por “la ley natural”
Según explicaron a los efectivos que realizaban los controles, se definen como “soberanos que se rigen por ley natural” y por este motivo no tienen cédulas de identificación, ya que son integrantes del “pueblo Apátrida”.
Ante el pedido, ambos mostraron un supuesto “pase universal” que reza: “Universal Pass CESTUI QUE VIE 2022″. Según informó El Diario de la República, los padres explicaron que se trata de una “declaración jurada bajo pena de perjurio”, la cual equivaldría a un pasaporte.
Tampoco tenían documentación del vehículo en el que viajaban, una camioneta Honda CRV gris, que la llamaron “Terranave” y tenía una patente que decía “UCC-1-308″ y la frase “propiedad privada”.
Ante estas faltas, los agentes informaron a sus superiores quienes pidieron intervención de la fiscal Silvina Argüello, que determinó que la familia fuera demorada en una dependencia policial.
QUÉ DIJO EL JUEZ FEDERAL SOBRE EL CASO
El juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul, habló sobre el caso con La República. “No sabemos quiénes son, de dónde vienen ni adónde van”, apuntó el magistrado, “pero nuestra preocupación, más allá de la falta de identificación y de colaboración de los adultos, es la situación de los menores”, agregó.
Posteriormente, el fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, realizó una audiencia remota con Sergio y con An, quienes estaban en Los Cajones, y con María Virginia Jalil, defensora pública oficial federal de Villa Mercedes, y con Federico Pastor, defensor público oficial de San Luis.
“Ellos creen que son ciudadanos del mundo y no reconocen autoridad judicial alguna. No me reconocieron como juez ni al fiscal como fiscal, entonces tuvimos que aportarles la defensa de oficio de Jalil y del doctor Pastor por los menores, a fin de garantizar los derechos de defensa”, explicó el magistrado.
“Terminaron por negar la actuación de la Justicia y por desconocer a todos los que estuvimos en la audiencia, y directamente se levantaron y se retiraron de la sala en la que estaban”, cerró Nacul.
