Una extensa investigación por estafas reiteradas contra la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) condujo a tres nuevos allanamientos, cuatro detenciones y la reafirmación de una estafa aún en curso, que por ahora llega a los $ 4.800.000 de pesos.
El último caso similar identificado fue en junio del año pasado, según informaron fuentes oficiales. Sin embargo, estiman que su trabajo recién empieza y no descartan que la cifra ascienda mucho más.
Según los expedientes, el golpe se habría logrado luego de que los presuntos estafadores registraran a personas sanas como insulinodependientes en la base de datos de la obra social estatal. Así, extrajeron insulina de distintas farmacias en varias oportunidades.
Al parecer, los presuntos estafadores tenían acceso a estudios médicos con las prescripciones firmadas por profesionales de la salud. Así, una vez obtenida la documentación, habrían validado todo a través de la base de datos de los afiliados y habrían recibido la aprobación del Apross.
LAS DUDAS POR RESPONDER EN LA ESTAFA AL APROSS EN CÓRDOBA
Al día de la fecha, los investigadores no tienen elementos para sostener que alguien de la industria farmacéutica haya participado de la treta. No obstante, no descartan ninguna posibilidad.
“Se está averiguando cómo tuvieron acceso a los datos y qué clase de relación podrían haber tenido con farmacias y hospitales”, se limitaron a explicar los efectivos en diálogo con La Voz. En paralelo, temen que otra prestadora de salud haya sido afectada.
“Fue la única que propuso conformar un equipo de investigación para acabar con estos fraudes. Puede haber más obras sociales y se están cruzando datos con el sistema de Nación. Hay elementos para adelantar que podría haber otros fraudes contra el Pami”, cerraron desde la Fiscalía a cargo de la pesquisa.
