La Legislatura aprobó en su última sesión de este año una polémica reforma de la ley de contrataciones de la Provincia para que queden incluidas como proveedores y contratistas las firmas con causas abiertas o procesos judiciales y sólo se excluyan aquellas condenadas.
Esto decía la ley:. “Artículo 12. No pueden realizar contratos de obra pública con el Estado Provincial: (…) f) Los que tengan causas judiciales pendientes en calidad de procesados y los condenados por delitos contra la propiedad, contra la Administración pública nacional, Provincial o Municipal, contra la fe pública, por lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción –Ley Nacional 21759-, ya sea que dichas causas se sustancien en territorio nacional o en el extranjero”.
Esto dice ahora: “Artículo 12. No pueden realizar contratos de obra pública con el Estado Provincial: (…) f) Los condenados por delitos contra la propiedad, contra la Administración pública nacional, Provincial o Municipal, contra la fe pública, por lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción –Ley Nacional 21759-, ya sea que dichas causas se sustancien en territorio nacional o en el extranjero”.
Para la oposición, esta modificación busca atender la situación legal de Odebrecht, adjudicataria de la construcción de seis de los 10 gasoductos troncales de la Provincia.
Odebrecht atraviesa un complicado proceso judicial en Brasil, donde su máxima autoridad ha sido condenada a 19 años de prisión por corrupción y recientemente ha aceptado que pagó coimas durante años en Argentina para ser beneficiaria de obra pública.
