Tras un lento trámite, la Cámara Nacional Electoral le ordenó al juez federal Ricardo Bustos Fierro que cite a declarar a importantes empresarios de la construcción por los aportes de fondos que hicieron en la campaña electoral del año 2009 a favor de Unión por Córdoba.
Los empresarios Aldo Roggio, Mario Buttigliengo, Miguel Romero Cammisa, Carlos Bergoglio, Martín Guillermo Amengual y María Esther Boetto serían citados por la Justicia federal, según ordenó la Cámara Electoral en una resolución conocida hoy.
En el año 2011, el diario Día a Día había publicado que varios empresarios que aportaron fondos para esa campaña eran contratistas del Estado provincial o ganaron licitaciones luego, lo que está expresamente prohibido por la ley electoral.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro quería archivar la causa, pero el fiscal federal Enrique Senestrari se opuso y llevó su queja hasta la Cámara Electoral, que ordenó que se "esclarezca" si se violó la ley de financiamiento de los partidos políticos.
Luego de haber realizados estos aportes a la campaña de Unión por Córdoba, varias de esas empresas se hicieron cargo de la construcción de obras emblemáticas: el Centro Cívico, la demolición de la Casa de las Tejas, el Camino del Cuadrado, la autovía Córdoba–Salsipuedes, viviendas del Hogar Clase Media y la remodelación de la Casa Central del Banco de Córdoba.
Otras empresas y empresarios eran contratistas o concesionarias de servicios del Estado provincial al momento de donar el dinero, como por ejemplo Aguas Cordobesas. Ambas rutas deben ser investigadas.
Los fondos fueron a la campaña para las elecciones nacionales de 2009, cuando Córdoba eligió nueve diputados y tres senadores. Las listas de Unión por Córdoba fueron encabezadas por Francisco Fortuna y Eduardo Mondino, respectivamente.
La lista que llevó como cabeza a Oscar Aguad (por la UCR) se impuso en el tramo de diputados y Luis Juez le ganó a Ramón Mestre la elección en el tramo de senadores.
