Para los fiscales "existen elementos suficientes para tener por acreditado que desde diciembre 2015, un grupo de funcionarios integrado por Cisterna, Correa, Carpintero y Oca, actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces gobernador Mario das Neves, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por si, o utilizando como medio al Estado Provincial, para enriquecerse ilícitamente".
"El principal objeto era recaudar dinero de "retornos" de la obra pública que pagaban las constructoras correspondientes a certificados de obra conformados, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la llave maestra que les permita generar el pago inmediato de los montos dinerarios que las compañías debían cobrar fruto de las obras realizadas y ya certificadas", afirman los fiscales. "Los cobros se hacían en las empresas, en el Gobierno o en las oficinas del partido Chubut Somos Todos", indicó el fiscal Nápoli.
"Una vez conformada la caja dineraria, Correa y Carpintero distribuían el dinero entre las personas que aparecen nombradas en aquella planilla Excel que tan prolijamente llevaba Diego Luthers", afirmaron en la audiencia.
Los empresarios "tienen un papel preponderante pues sin su aporte no habría, desde ya, pago de coima alguno ni sobresueldos que repartir", sostuvieron los fiscales y afirman cuando no se pagaba en efectivo se entregaban cheques que "se hacían por sumas inferiores a los $50.000, fraccionamiento que es de uso corriente en operaciones que intentan mantenerse fuera del contralor de organismo impositivos (AFIP)".
