La ex fiscal Antonia Suárez García es investigada por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión de la persecución penal por cambiar la calificación legal en una causa y beneficiar a un presunto abusador de menores.
Se pudo saber que en la audiencia realizada en Rawson, a pedido del fiscal Báez, el juez Marcelo Orlando dictó la rebeldía y captura de Suarez García luego que no se presentara nuevamente a la audiencia. Incluso su abogado particular, Fabián Gabalachis, presentó un escrito diciendo que perdió contacto con su cliente.
Por este motivo la Oficina Judicial de Rawson envió oficios a la Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia del Chubut, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria para que intervengan en la búsqueda de la exfuncionaria judicial.
En su resolución el juez Orlando tuvo en cuenta que Suárez García tiene pleno conocimiento que está sometida a proceso a tal punto que designó abogado defensor y que en varias oportunidades fue notificada en su domicilio de Playa Unión.
Su abogado defensor Fabián Gabalachis, comentó que en diciembre del año pasado, había informó que su cliente viajaba a España y que regresaba entre mayo y junio de este año.
"Ha demostrado tener una actitud desinteresada de someterse al proceso", señaló en el dictamen el juez Orlando sobre el final de la audiencia realizada hoy martes en la Oficina Judicial de Rawson.
Suarez García había sido denunciada por el fiscal de Trelew Omar Rodríguez, luego que esta pidiera un beneficio contra un imputado de abuso sexual a una nena por su padrastro. La fiscal había acusado para elevar la causa a juicio por "abuso sexual agravado por acceso carnal, agravado por la situación de convivencia en la modalidad de delito continuado".
La causa se elevó a juicio en mayo de 2016. Pero, conjuntamente con el defensor Omar López, presentó un escrito donde modifica la acusación y afirma que "no chequeó correctamente la acusación" y lo modificó a "abuso sexual simple".
Tras el cambio de calificación, Suarez García pidió una “probation” a cambio de horas de trabajo comunitario. La admisión del pedido conjunto del defensor y la fiscal, obligó a la jueza Ivana González a otorgar el beneficio.
