A pedido del fiscal general Fernando Rivarola se dio comunicación formal de la sentencia y la condena a ocho años de prisión en contra un ciudadano paraguayo, a la Dirección Nacional de Migraciones, para que si así correspondiere, se comience el trámite de deportación. Para ello también dio cumplimiento a una instrucción del procurador general Jorge Miquelarena, (la número 5 del año 2017) coincidente con los postulados de la Ley Nacional de Migraciones 25.871.
Cabe señalar que C.V.J. de 40 años de edad fue hallado culpable y condenado a una pena de 8 años de prisión tras la aplicación de un juicio abreviado en donde reconoció haber cometido el delito en contra de su hija biológica menor de edad. El acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa pública, fue convalidado por el tribunal de enjuiciamiento integrado por los jueces Gustavo Castro, Mirta Moreno y Sergio Piñeda.
El caso de abuso fue investigado gracias a la denuncia de vecinos realizadas en enero de este año. De allí en más distintos organismos del Estado pusieron en marcha el proceso de investigación en preservación además de los derechos de la víctima. El delito fue el de "abuso sexual agravado por el vínculo y por haberse perpetrado contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente en carácter de autor".
Por estas horas se analiza su deportación, cabe señalar que la Ley de Migraciones en el artículo 62 indica que "la autoridad judicial, a título de colaboración y al momento de quedar firme la condena impuesta, remitirá a la Dirección Nacional de Migraciones, copia certificada de la respectiva sentencia, e informará el Juzgado o Tribunal encargado de su ejecución", trámite que ya se realizó a requerimiento de la Fiscalía de Rawson.
