Tras el anuncio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre la entrada en vigencia del nuevo registro de propiedades en alquiler, se incrementaron las quejas y cuestionamientos a la Ley de Alquileres, en la que se enmarca.
Por un lado, los propietarios quieren evitar declarar los contratos sobre esos inmuebles porque podría generarles estar alcanzados por más impuestos. Por otro, la queja de las inmobiliarias sobre los nuevos requisitos y algunos límites que se ponen sobre el mercado. No obstante, los inquilinos en general respaldan la normativa.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas intensificó las reuniones con diputados de Juntos por el Cambio que votaron en contra de la ley con la intención de que se derogue o se modifiquen los términos que consideran más perjudiciales para el mercado.
En este marco, sostienen que la ley es un “fracaso” que provocó una “terrible situación de crisis” en el sector inmobiliario. Que se tradujo en una impresionante suba en el valor de los alquileres y un retiro masivo de propiedades del mercado locativo.
La Ley de Alquileres fue sancionada en junio del año pasado, sin la presencia de la oposición. En ese momento, Juntos por el Cambio cuestionó a Cristina Kirchner por tratar proyectos no vinculados a la pandemia y abandonó la sesión virtual. Apenas días después, el Gobierno promulgó la normativa que modificó las reglas de juego entre inquilinos y propietarios establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación y estableció nuevas normas para los contratos de locación.
Desde ese entonces, se multiplicaron las voces a favor y en contra, en este último sentido se manifestaron recurrentemente dirigentes de la oposición.
Mediante un comunicado, indicaron que la situación afecta “tanto a inquilinos como a propietarios, así como a las miles de familias que dependen de la actividad inmobiliaria en todo el país”. “Nos alegra estar siendo, por fin, escuchados por parte de los legisladores nacionales, algo que no había ocurrido cuando se avanzó en la sanción de esta nociva Ley, que lo único que tiene de equitativa es que perjudica igualmente a todas las partes”, puntualizó Armando Pepe.
Por su parte, el Colegio Profesional Inmobiliario expresó que continuará con acciones de acercamiento a los legisladores para lograr que la ley quede sin efecto. “Esperamos que no falte mucho para que la mayoría de diputados y senadores de la Nación reconozcan el fracaso de la norma, y se pueda avanzar cuanto antes en su derogación y modificación, brindando al sector la previsibilidad que tanto inquilinos como propietarios necesitan. El sector no puede seguir esperando”, señalaron.
Las Ley de Alquileres
- Amplía de dos a tres años el plazo mínimo de un contrato de alquiler de vivienda.
- Dictamina que solo puede hacerse un ajuste de precio por cada año y que el aumento es en función de un nuevo índice, que combina en partes iguales el índice Ripte de salarios y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
- Establece, entre otros puntos, que solo se puede pedir al inquilino, en concepto de depósito, el equivalente al monto del primer mes de alquiler. Tampoco permite exigir pagarés ni ningún otro adicional.
- Crea el nuevo registro RELI Contribuyente en el que se deben inscribir todas las propiedades en alquiler.
