La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) rechazaron la absolución que los jueces del Tribunal Oral Federal N°3 Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Canero emitieron en el juicio a Carlos Telleldín, quien fue acusado de haber acondicionado, provisto y entregado el coche bomba que fue utilizado para cometer el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 a la sede de la AMIA.
Las instituciones que compartieron la querella indicaron que desde hace más de 26 años “vienen bregando incansablemente por lograr Justicia por la masacre en la que fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas, apelarán el fallo” y “agotarán todas las instancias que el Estado de derecho confiere para que se cumpla el pedido de penas que se solicitó”.
La absolución de Carlos Tellendín, quien presuntamente participó en la entrega de la Trafic que hizo volar la sede ubicada en Pasteur 633 en lo que fue el peor atentado terrorista en la historia del país, “es un hecho hondamente lamentable, que añade más dolor y genera un desconcierto inexplicable ante los elementos probatorios presentados”.
La querella unificada de las instituciones comunitarias consideró en su alegato al acusado como partícipe necesario de los delitos de estrago doloso seguido de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves calificadas, y daños; delitos que concurren en forma ideal entre sí, a la pena de veinte años de prisión.
Tanto la AMIA como la DAIA aseguran que “las sobradas pruebas aportadas en el proceso que se le siguió al acusado revestían la contundencia y la relevancia necesarias para poder condenar a quien, con sus hechos, colaboró para que el atentado pudiera ser efectuado”.
En completo desacuerdo con el veredicto, las instituciones judías “rechazan la decisión del Tribunal, y recuerdan que seguirán, indeclinablemente, en el camino forjado a lo largo de todo este tiempo, para lograr justicia y condenar a los autores intelectuales y materiales de la masacre y a quienes colaboraron para que el atentado pudiera concretarse”.
La masacre perpetrada el 18 de julio de 1994 es un delito de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptible. “La lucha contra la impunidad es un imperativo que las entidades seguirán manteniendo en alto para lograr la Justicia que desde hace más de 26 años se viene exigiendo y reclamando”, remarcaron.
