El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, celebró la decisión del presidente Alberto Fernández de dejar sin efecto el esquema de aumentos tarifarios en los servicios públicos y adelantó que ahora se buscará que las tarifas “no sean una herramienta de ajuste”.
“La decisión neurálgica de Alberto es suspender las tarifas de Macri e iniciar un proceso de negociación para ir a una nueva tarifa justa y razonable”, dijo Bernal y remarcó que el objetivo es que “no sea la tarifa del servicio público una herramienta de ajuste de la economía”.
En declaraciones a radio El Destape, el interventor del Enargas agregó que “las tarifas no pueden ser confiscatorias, tienen que tener en cuenta el nivel socioeconómico de la población”.
“No puede convertirse un servicio público esencial como lo es el de gas y electricidad en un bien de lujo, en un commoditie más, en un producto que uno encuentra en una góndola de supermercado. Bueno, eso es lo que hizo Macri”, planteó.
Bernal recordó que a partir de la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, con la que el presidente Fernández comenzó a congelar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, también se inició una auditoría sobre los esquemas que se definieron durante la administración de Cambiemos.
“Los resultados eran esperables. Absoluta desorganización, caos, errores, vicios en lo que fue la confección de las tarifas de Mauricio Macri”, repasó.
Agregó que esos informes revelaron también que la deuda de los usuarios residenciales con las distribuidoras pasó de 703 millones de pesos en 2015 a 10534 millones de pesos en diciembre de 2019; y la de las pequeñas PyMEs pasó de 56 millones de pesos a 2.450 millones de pesos, en el mismo período.
“Acá se terminan y se suspenden las tarifas de Macri”, insistió y calculó que, si se mantenía ese esquema, ahora se debían aplicar aumentos del 80% en las tarifas de gas o del 128% en abril.
Bernal reveló cuáles serán algunos de los criterios que se seguirán en el proceso de renegociación, que deberá definirse en un período no superior a los dos años. Dejó en claro que se respetará “el concepto de justicia y razonabilidad tarifaria” que, remarcó, “está en la ley, está en el marco regulatorio y además está íntimamente vinculado a lo que son los derechos humanos, sociales los derechos y las garantías de la ciudadanía consagrados en la Constitución Nacional”.
Dijo que la voluntad es que “el servicio público y la tarifa se transforme en una herramienta de la lucha contra la pobreza, a favor de la igualdad social, de la equidad distributiva, de la producción y de la industria”
Al respecto, indicó que se estudian modelos de tarifas diferenciadas y de asistencia para organizaciones de bien público y PyMEs. Pero reconoció que demandará un “tiempo importante” instalar un sistema de “segmentación tarifaria” para subsidiar a los usuarios de menores recursos económicos.
“Lo estamos trabajando, específicamente lo tiene muy en cuenta Dario Martínez (Secretario de Energía), lo estamos trabajando con Soledad Marín (Interventora del ENRE), con el subsecretario de energía eléctrica, Federico Basualdo. Lo que pasa es que va a llegar un tiempo importante”, aclaró y explicó que ese sistema requiere “medidores inteligentes” que faciliten la “geolocalización” de los eventuales beneficiarios.
