Luego de que la Justicia comercial decretara la quiebra de, Correo Argentino S.A., una de las empresas del holding, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anunció que buscará la quiebra de Sociedades Macri (Socma), el grupo económico familiar del ex presidente, Mauricio Macri. Para lograrlo, pretende desarticular tres juicios contra el Estado por 400 millones de dólares iniciados por Socma en el fuero contencioso administrativo federal.
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La causa del Correo Argentino tuvo 18 años en la Justicia y quedó en medio de una confrontación política. Juntos por el Cambio defendió al expresidente, quien denunció públicamente a Zannini por “encabezar un supuesto plan para perseguirlo”. Macri temía que la situación alcance a sus hijos, por lo que los desvinculó de Socma entre 2016 y 2017.
Cuando Macri llegó a la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa acordaron que el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Entonces, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por “ruinosa y abusiva” y considerar que perjudicaría “gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Según la fiscal la deuda era de 70.000 millones de pesos.
La fórmula de la Sindicatura indica que esa deuda asciende a 1000 millones de pesos, pero el Estado sostiene que el valor es superior y estiman que ronda los 6000 millones de pesos. Pero el Correo Argentino ya tiene la quiebra decretada, mientras Boquín acusa a sus accionistas por una “supuesta defraudación multimillonaria, un vaciamiento de la compañía y una deuda perjudicial para el erario público”.
Lo que sigue es la apelación de Socma, que seguramente tendrá lugar la próxima semana. Esa presentación no interrumpirá el proceso de quiebra firmado por la jueza Marta Cirulli: los responsables del Correo deberán entregar todos los documentos contables en los próximos días, el Banco Central y la Inspección General de Justicia ya fueron notificados y ya están vigentes los embargos e inhibiciones de bienes.
La intención de Zannini
Carlos Zannini fue categórico: aseguró que el Estado irá más allá y requerirá ante la jueza en lo Civil y Comercial que la quiebra no quede remitida sólo al Correo Argentino, sino que sea extensible a su controlante, Socma.
Para conseguirlo, su idea es desarticular tres juicios contra el Estado nacional, iniciados por el Grupo Macri en el fuero Contencioso Administrativo Federal, por la expropiación del Correo Argentino firmada por Néstor Kirchner, en noviembre de 2003. La cifra involucrada en los tres reclamos asciende a 400 millones de dólares.
Cabe mencionar que cuando Kirchner estatizó la empresa, argumentó que Socma tenía una deuda por el canon que debía pagar al Estado de 296 millones de pesos-dólares. Por otro lado, debía un porcentaje de intereses en concepto de actualización.
Entonces, los exdueños del correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por 1700 millones de pesos, para compensar supuestas inversiones realizadas.
Para Socma, el Gobierno se “apropió” de la compañía postal, quedándose con “los principales activos” y dejando los pasivos. Por eso, al considerar que ya no habría margen para negociar, decidieron iniciar los juicios en el fuero contencioso.
Si la jueza Cirulli hace lugar al pedido del Procurador del Tesoro y extiende la quiebra a Socma, esos tres juicios por 400 millones de dólares podrían caerse y la empresa de los Macri no tendrían lugar para reclamar nada al Estado.
“Convirtieron a la empresa en una Pyme”, sostienen desde la compañía, en referencia a las decisiones de la Justicia. El holding fundado por Franco Macri está valuado en 300 millones de dólares. Tiene más de 2000 empleados, campos en Salta destinados a cultivos intensivos, petroleras, la representación de tres firmas chinas, más la empresa de recolección y tratamiento de residuos en Uruguay.
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El 60% de las acciones del Grupo están en manos de Gianfranco Macri, porque en 2017 adquirió las acciones que estaban a nombre de tres de los hijos mayores de edad del expresidente, Gimena, Agustina y Francisco.
Mauricio Macri, por su lado, se había desprendido de las acciones de Socma en 2007, pero conservaba el usufructo. Sus herederos eran accionistas representados por funcionarios, pero tras la denuncia de la fiscal Boquín pidieron ser desvinculados del holding para no quedar involucrados.