La decisión, expuesta en un auto por el juez español Pablo Llarena, implica que los seis, residentes en Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza, podrán moverse por el extranjero y no se exponen a ser entregados.
En España no obstante siguen vigentes las respectivas órdenes, por lo que en caso de regresar sería arrestado.
Son seis los políticos separatistas catalanes a quienes se pidió su extradición, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont que se halla en Alemania tras escapar a Bélgica para evitar el arresto La decisión del juez del tribunal supremo Pablo Llarena llegó después de la sentencia de un tribunal alemán que estableció que Puidgemont no puede ser extraditado a España por rebelión, sino solo por uso impropio de fondos públicos.
La pena máxima por rebelión en España es de 30 años de cárcel, en tanto la malversación se pena con hasta 12 años.
Esto significa que el ex gobernante catalán, que permanece en Alemania en libertad provisional, no podría regresar a España, donde sería detenido automáticamente, hasta pasados al menos 20 años, tiempo que tarda en prescribir el delito de rebelión.
Procedente de Finlandia, Puigdemont fue detenido el 25 de marzo pasado por la policía alemana cuando intentaba regresar en automóvil a Bélgica, país adonde huyó para eludir la acción de la Justicia española.
El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento regional de entonces aprobase una declaración a favor de la independencia unilateral de Cataluña.
El juez Pablo Llarena dijo en un fallo publicado el jueves que revoca las órdenes de arresto internacionales de los seis, una decisión que el movimiento separatista probablemente considerará una gran victoria contra las autoridades centrales.
Los cargos derivan del referendo no autorizado que realizó el gobierno catalán el año pasado y de la posterior declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento en Barcelona, controlado por los separatistas.
Una corte alemana dijo la semana pasada que permitiría la extradición de Puigdemont para ser juzgado por malversación. Pero añadió que Alemania no reconoce el cargo de rebelión, y que la ley contra la traición no se aplica porque las acciones de líder catalán "no se elevaron hasta ese nivel de violencia".
