La fiscal Paloma Ochoa pidió que se reabra la investigación contra el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios por la presunta comisión de ilícitos en el marco de la firma del memorándum entre Argentina y Qatar.
El tratado prevé la creación de una estructura "offshore" y tendría acceso a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Según la denuncia original, el caso es por supuestos delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público.
"Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo del patrimonio público hayan convenido expresamente en un instrumento internacional, transferir a través de una plataforma off shore recursos públicos provenientes del Fondo de Garantia de Sustentabilidad hacia un paraíso fiscal, todo lo cual se encontraría prima facie adecuación típica en delitos" previstos en el código penal, advirtió la fiscal Ochoa.
La acusación llega también a la canciller Susana Malcorra, Luis María Blaquier, director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, Horacio Reyser, asesor del Presidente en Inversión Extranjera, y José Ortiz Amaya, director general de Relaciones Internacionales del Senado.
