El ministerio de Seguridad bonaerense comenzó un proceso para reincorporar policías que habían sido suspendidos de sus funciones durante la gestión de María Eugenia Vidal. Se trata de aquellos efectivos que tenían denuncias penales o administrativas en su contra, pero que no alcanzaron una resolución final.
Según informó Clarín, en los últimos 30 días regresaron a la actividad 390 oficiales y suboficiales presuntamente involucrados en casos de corrupción, denunciados por ciudadanos y colegas, o que cometieron irregularidades administrativas.
Cuando la Auditoría de Asuntos Internos (AI) interviene y dispone la separación del cargo, el efectivo cobra el 50% de su sueldo durante cuatro meses. Luego, puede seguir separado del cargo, pero tiene derecho a percibir el 100 por ciento de su haber. Al finalizar el proceso, puede resultar absuelto, cesanteado o exonerado.
Durante el gobierno de Cambiemos, con Cristian Ritondo como ministro de Seguridad, se abrieron 16 mil sumarios a personal de la policía Bonaerense. "Hay casi 6 mil efectivos que están en su casa cobrando la totalidad del salario y sin posibilidad de ser incorporados al servicio", explicaron ahora a Clarín desde el ministerio.
"En plena pandemia y cuando más se requiere la presencia de policías en las calles, no podemos tener ese recurso humano en su casa. Y encima generando una erogación del Estado porque están cobrando el 100% del sueldo", explican, y agregan: "Centenares de estas causas fueron desestimadas y enviadas al archivo por la justicia y por AI porque no había elementos para sostener las sanciones".
La AI instruyó más de 13.000 sumarios administrativos contra integrantes de la institución armada entre 2016 y diciembre de 2019. "Hacían sumarios a granel y por motivos insignificantes sólo para generar estadísticas de marketing y construir la épica del combate a la corrupción", afirmaron fuentes del mencionado diario, cercanas al actual ministro Sergio Berni.
"A partir de diciembre de 2015 se hizo un trabajo a conciencia con el criterio de hacer un control concreto de la policia. El objetivo era evitar que sucedieran actos irregulares, de corrupción o delictivos. A través de actuaciones preventivas, sorpresivas con el pedido de declaraciones juradas y revisión pública de los patrimonios", dijo a Clarín Guillermo Berra, ex auditor de AI.
Esta semana, el abogado Marcelo Peña ingresó 40 pedidos de "reincorporación". Entre estos expedientes está el de Pablo Orgoñez, quien era comisario de la 1ra de La Plata cuando encontraron 800 mil pesos en efectivo en la caja fuerte. La causa judicial se archivó, y ahora Orgoñez volvería a la actividad.
Otro ejemplo es el de los policias sospechados de ser responsables de la masacre ocurrida en noviembre de 2018 en la comisaría de Esteban Echeverría. No están imputados por la Justicia, "pero tienen abierto el sumario administrativo porque consideramos que hubo irregularidad en su intervención como policias, explicaron ex funcionarios de Seguridad.
Entre los integrantes de la fuerza que volvieron a la actividad hay un comisario mayor, dos comisarios inspectores, más de 10 comisarios y subcomisarios. Otros son oficiales de menor jerarquía.
