Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JPC), Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), y el último excandidato a vicepresidente del frente, Miguel Pichetto, cuestionaron con dureza el video oficial en que el presidente Alberto Fernández denuncia que "en la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deberían seguir ocurriendo" y que "durante la gestión anterior", la de Mauricio Macri, "la Argentina sufrió graves violaciones a los Derechos Humanos".
Para los líderes opositores, "el video de Alberto Fernández sobre la Justicia es de una gravedad inusitada, porque se trata de un ataque directo a la independencia de los jueces, porque respalda el plan para garantizar la impunidad de exfuncionarios procesados y condenados por corrupción, y porque pretende quitarle a JPC su legitimidad democrática".
"No podemos tomarlo como un exabrupto: es un video pensado, guionado y filmado con la anuencia del Presidente de la Nación y el sello oficial de la Casa Rosada. Si, como ha dicho recientemente, el Presidente cree que no hay 'presos políticos', entonces no puede respaldar una ofensiva que tiene todo el aspecto de garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, sus funcionarios y otros líderes latinoamericanos investigados y condenados por corrupción en la última década", señalaron.
En un comunicado, Cornejo, Bullrich, Ferraro y Pichetto sostuvieron que "más allá del debate sobre el uso de la prisión preventiva, lo cierto es que en estos años avanzaron decenas de causas por corrupción y se lograron condenas importantes, entre ellas del exvicepresidente Amado Boudou y del ex ministro estrella del kirchnerismo, Julio de Vido".
Además, indicaron que "el Estado de Derecho fue vulnerado sistemáticamente" y plantearon: "¿Realmente piensa el Presidente que el Gobierno de Cambiemos fue autoritario?".
Además, resaltaron que "el Gobierno de Cambiemos respetó la independencia de la Justicia y el Estado de Derecho con absoluto rigor y compromiso, y colaboró sin presentar excusas cuando los jueces iniciaron investigaciones".
"Con estas declaraciones, el Presidente derrumba los esfuerzos del Estado argentino en la lucha contra la corrupción y la impunidad asumidos en la Presidencia de Cambiemos con total autonomía judicial y con los votos de amplias mayorías en el Congreso. Esos avances fueron reconocidos internacionalmente por el Grupo Antisoborno de la OCDE, el GAFI y en una contundente mejora del índice de Transparencia Internacional", subrayaron.
En el Congreso
Este martes, la mesa chica del interbloque de diputados de JPC resolvió que se opondrán "férreamente a un debate exprés" del proyecto de ley que envió el gobierno de Alberto Fernández para ponerles fin a los regímenes jubilatorios especiales de jueces y de diplomáticos. Quieren, en cambio, "que haya un debate amplio en comisiones, que expongan los jueces y que se analicen propuestas alternativas para mejorar el proyecto".
Según pudo saber Vía País, los diputados de JPC se entrevistaron el lunes con representantes de la Asociación de Magistrados y con Ricardo Recondo, camarista federal en lo Civil y Comercial y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, quien sostuvo que la iniciativa gubernamental es inconstitucional.
También los diplomáticos, a través de una carta abierta al canciller Felipe Solá, se quejaron de que la iniciativa oficial "afecta sustancialmente al régimen específico del Servicio Exterior de la Nación y a sus potenciales beneficiarios" y que este régimen especial "no constituye un privilegio".
En su carta, la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente de Servicio Exterior de la Nación (Apsen) también expresa su predisposición "al diálogo y a colaborar en la concreción de un sistema jubilatorio más equitativo que respete las particularidades de la carrera".
Jubilaciones de 700.000 pesos
Los diputados del interbloque opositor, que conduce el radical cordobés Mario Negri, dejaron en claro que "no hay ningún compromiso con los jueces" y que "se comparte la necesidad de modificar todos los regímenes especiales y terminar con los privilegios", pero resaltaron que "la ley que salga debe ser constitucional".
Según el mensaje que el Ejecutivo elaboró y forma parte del proyecto ingresado el viernes por Mesa de Entradas de la Cámara Baja, la jubilación más alta pagada a un judicial es de 770.100 pesos mensuales, que es 55 veces el haber mínimo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA). La jubilación de jueces y diplomáticos promedio es de 289.000 pesos mensuales.
Los diputados de JPC hicieron saber que equipos técnicos del interbloque empezarán a redactar alternativas al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que consideran "muy agresivo" y un "vamos por todo, para luego negociar". Por eso, esperan que antes del debate parlamentario "haya algún acuerdo con magistrados y diplomáticos.
Los representantes de jueces también se reunieron este martes en el Congreso con referentes de los interbloques Federal, que integran el peronismo no kirchnerista, el lavagnismo y el Frente Progresista de Santa Fe, y Unidad Federal para el Desarrollo (UFD), que preside el mendocino José Luis Ramón y agrupa a ocho diputados de cinco provincias. Ambos espacios son opositores pero vienen siendo aliados del oficialismo en las votaciones de la Cámara Baja.
Según pudo saber este diario, JPC les transmitió a los magistrados que sin la unidad de la oposición, el oficialismo puede aprobar las leyes con comodidad en la Cámara de Diputados y que en el Senado directamente tienen mayoría.
Dos escenarios
En JPC barajan dos hipótesis y creen que la ley puede ser aprobada sin inconvenientes en las sesiones ordinarias que empiezan el 1 de marzo, lo que puede generar dos escenarios: que el proyecto se ultrajudicialice y la ley quede sin efecto, o bien que sea de aplicación únicamente para los ingresantes del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación (SEN); o bien que se produzca una jubilación masiva y pases a retiro, porque a los afectados les convendría jubilarse con la ley vigente, y así, con los tribunales federales semivacíos, el Gobierno podría copar las vacantes en los tribunales con jueces propios.
El Gobierno envió la iniciativa el viernes para dar un golpe de efecto político, tras anunciar una recomposición de haberes que dejó al 50% de los jubilados por debajo del aumento que habrían recibido si hubiera estado vigente la fórmula de movilidad que fue suspendida en diciembre.
Pero el asunto difícilmente se trate en el período de sesiones extraordinarias de febrero. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aún no giró la iniciativa a comisiones, porque salvo la de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas, el resto aún no han sido constituidas. Es decir que pasa para marzo.
En el entorno de Massa hicieron saber que además de Presupuesto tendrán intervención en el debate otras tres comisiones: Previsión y Seguridad Social, Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, y Asuntos Constitucionales.
El giro a Asuntos Constitucionales no es un dato menor teniendo en cuenta que los jueces ya se han puesto en pie de guerra con lo que consideran una quita de sus beneficios: el camarista Recondo dijo que el proyecto “es inconstitucional” y que “la Corte lo ha declarado muchas veces ya”.
"No se trata tampoco de una ley de privilegios. Yo aporto desde hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses", advirtió el juez.
La cuestión de las jubilaciones de privilegio ya había generado polémica durante el debate de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se discutió en el Congreso durante diciembre, porque la oposición señaló que jueces y diplomáticos quedaron exceptuados de la suspensión de la ley de movilidad previsional.
Será, definitivamente, un tema de debate parlamentario urticante y caliente, y con el cabildeo a la orden del día: además del poderoso lobby de los abogados, con especial incidencia en el Congreso, buena parte de los diplomáticos son de extracción radical.
