No es la primera vez que sucede, pero sí la más prolongada y preocupante. El sistema informático del Poder Judicial salió de funcionamiento la semana pasada y aún no pudo ser reestablecido debido a una falla masiva en el soporte físico, lo que paraliza gran parte de las miles de causas en trámite en todo el país.
Los jueces, fiscales, defensores oficiales y abogados particulares se encuentran con la imposibilidad de, por ejemplo, revisar antecedentes o de actualizar el estado de las causas en las que están trabajando, lo que configura una parálisis.
Se trata de la caída del sistema informático de Gestión Judicial llamado Lex 100 por la rotura de su soporte físico. Con este sistema los juzgados federales ingresan con identificación de acceso y clave, suministrados por el departamento de Operaciones dependiente de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En la mañana de este martes hubo una reunión de emergencia en la Magistratura en la que el titular de ese cuerpo, Ricardo Recondo, fue informado de la rotura del Storage HPXP 24000, que es, a su vez, el soporte físico (hardware) de la base de datos principal del sistema Lex 100.
El hardware es un almacenamiento de datos informáticos en discos duros comercializado por la empresa estadounidense Hewlett Packard.
La Dirección General de Informática y Tecnología (DGIyT), el órgano técnico responsable del área, remitió un informe a Recondo en el que señala que el proveedor ya confirmó que la reparación del equipo es "incierta", debido a una falla masiva.
Por eso, la empresa proveedora con sede en California, Estados Unidos, avisó que "resulta ineludible" el reemplazo de los equipos que se vieron averiados por causas que aún no fueron especificadas. Como no existen paliativos posibles, se deberá reemplazar el soporte físico y luego iniciar un proceso de migración de la información.
Según señalaron fuentes judiciales, la última vez que se pudo ingresar al sistema –que además administra la web de la Corte Suprema de Justicia- fue el martes 21 de enero.
La situación impide completamente el acceso a sentencias, resoluciones, radicación de expedientes y otros datos incluso previos a esa fecha. Esto genera preocupación en el Poder Judicial por la posibilidad de que se pierdan datos sensibles nada menos que sobre la condición de privación de libertad de miles de detenidos.
La caída del sistema también genera problemas en casos de urgencia que han derivado en la habilitación de la feria judicial como excarcelaciones, violencia doméstica o cuestiones vinculadas con el derecho a la salud.
Tampoco funciona a nivel justicia nacional o federal el registro de ingresos de causa y pases de expedientes de una dependencia a otra, ni pedidos de informes que los tribunales realizan entre sí.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) calificó la situación como "un apagón informativo". Esto generó una denuncia por parte del gremio ante el Consejo de la Magistratura, responsable del mantenimiento tanto del hardware Storage HP XP 24000 como del software Lex 100.
"En abril 2018 desde UEJN advertíamos el colapso inminente del sistema de gestión informática del Poder Judicial por diez años de falta de inversión. Nadie nos escuchó. Ahí están las consecuencias. Hay una Justicia paralizada total desde 22 de enero. No se puede mover nada", dijo el secretario general del gremio, Julio Piumato.
Según el sindicalista, las Defensorías y Fiscalías distribuidas en todo el país "están paralizadas" dado que, agregó, "no se puede hacer ni un trámite". En ese sentido, se quejó porque la Magistratura aún no dio precisiones acerca de cuándo sería solucionado el problema.
Por ello, los trabajadores del Poder Judicial de la Nación están cumpliendo sus horarios pero no pueden desarrollar sus tareas. "Esta es una situación dramática que es parte de la Emergencia Judicial", expresó Piumato.
Y solicitó que esto sea incluido por el Gobierno de Alberto Fernández en su plan de reforma de la Justicia Federal, una iniciativa que está siendo elaborada por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en consulta con la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires.
