Los gobernadores no oficialistas se reunieron este miércoles en Buenos Aires y cuestionaron con dureza la forma de financiamiento de las medidas proconsumo que el Gobierno decidió "unilaterlamente" y pidieron abrir una vía de diálogo con la Casa Rosada, porque de lo contrario irán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un encuentro de dos horas, los mandatarios dijeron que quieren reunirse con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para reclamarle una compensación por lo que ellos sostienen será el impacto fiscal: unos 51.800 millones de pesos de la coparticipación. Para el ministerio de Hacienda, el impacto no supera los 3.300 millones.
Los gobernadores aclararon que no están en contra de medidas del Gobierno para paliar "la grave situación económica" que atraviesa la sociedad. Pero señalaron que estas fueron tomadas en un contexto electoral mientras la crisis golpea las arcas provinciales por la caída real de la recaudación.
En ese sentido, cuestionaron que las medidas económicas anunciadas por la Nación fueron dadas a conocer de forma "inconsulta y unilateral" por el Poder Ejecutivo nacional. Y aseguraron en un documento firmado por todos que la gestión Macri no ha tenido en cuenta "de dónde saldrán los recursos" para financiar las medidas.
“Nos hacen compartir los costos fiscales al no disponerse compensaciones necesarias para las provincias argentinas”, se quejaron los mandatarios.
Esa situación, se quejaron los mandatarios, genera un "despojo de los recursos" de las provincias y los coloca a ellos en una "grave situación de desfinanciamiento".
"El Gobierno no puede disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución como por el pacto fiscal en el que se acordaron renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando", dice el texto.
"Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos", agrega el documento.
Y señalan que la situación económica y social de los argentinos que ahora el Gobierno quiere mejorar antes de las elecciones es consecuencia “de sus propias y malas políticas económicas y financieras”, sobre las cuales las provincias no tienen “ninguna responsabilidad”.
Las situación, evaluaron los gobernadores de las 18 provincias no oficialistas y el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, es "tan arbitraria y perjudicial" que priva a las provincias de recursos establecidos por ley.
“Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que está actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte”, dice el documento firmado por todos los presentes.
Los gobernadores comunicaron que quedan abiertos al diálogo, pero aclararon que de no ser así buscarán amparo judicial a los derechos de las provincias “ante un daño irreparable que no admite dilaciones” teniendo en cuenta la situación de crisis económica.
